Representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitarán una “audiencia de supervisión de cumplimiento” a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que consideran que el Estado de Nicaragua hace caso omiso a lo establecido en la sentencia emitida en el año 2005, sobre el caso de exclusión de Yatama de las elecciones municipales del 2000, donde se ordenaba una reforma a la Ley Electoral.
Marcia Aguiluz, de CEJIL, señaló que la falta de cumplimiento de parte de las autoridades nicaragüenses, sobre todo, en lo relacionado con impulsar medidas legislativas, así como reformas a la Ley Electoral, permite la violación de derechos políticos de otras organizaciones, como podría ser el caso del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y el Partido Conservador.
“La audiencia es un mecanismo de presión, a ningún Estado le gusta que la Corte esté insistiendo que ha incumplido, nosotros esperaríamos que posterior a la audiencia, la Corte se pronuncie sobre este incumplimiento del Estado de Nicaragua, y esto a nivel internacional es un mecanismo de presión por supuesto, ahora hay una tendencia en los Estados a cumplir, precisamente porque a ninguno le gusta a nivel internacional, ser considerado como un violador de derechos humanos”, explicó Aguiluz.
La representante de CEJIL recordó que en la sentencia emitida por la CIDH se estableció crear un procedimiento transparente relacionado con las consecuencias para los partidos políticos sobre el incumplimiento de requisitos de sus candidatos, un procedimiento que permitiese la obligatoriedad de fundamentar por el Consejo Supremo Electoral (CSE) las resoluciones adecuadamente, además de la creación de un recurso judicial efectivo para aquellas decisiones del Poder Electoral que afecten derechos humanos.
La sentencia de la CIDH contempla que “se requiere al Estado que adopte, dentro de un plazo razonable, las medidas legislativas necesarias para establecer un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita controlar las decisiones del Consejo Supremo Electoral que afecten derechos humanos, tales como los derechos políticos, con observancia de las garantías legales y convencionales respectivas, y derogue las normas que impidan la interposición de ese recurso”.
Aguiluz manifestó que de presentarse un proyecto de reformas a la Ley Electoral, tendrán que analizar qué es lo que el Estado de Nicaragua pretende hacer, y así pronunciarse si las mismas efectivamente cumplen con lo que la CIDH señaló en su oportunidad.
“Tenemos que dar seguimiento de que cualquier reforma (Ley Electoral) que se haga cumpla con los criterios que la CIDH estableció, no son recomendaciones, son órdenes que la Corte da, porque tienen un carácter vinculante para los Estados, Nicaragua aceptó la competencia de la Corte, por lo tanto se vinculó a cumplir con lo que la Corte establece y no vemos que haya otra salida para ellos que hacerlo”, advirtió Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
