Rodolfo Munguía Martínez no recuerda con exactitud la fecha en que el Procurador y la delegada de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) de León, junto al juez de Nagarote, llegaron a su propiedad ubicada en El Tránsito y desalojaron a su hijo Gerardo Munguía, cuando éste cuidaba el pozo desde donde abastecían de agua a la comunidad.
Sin embargo califica el hecho como un “asalto a la propiedad privada”, pues aunque Enacal se ampare en el Decreto 20-2008 referido al cobro por la extracción de agua subterránea, considera que la empresa debe pagarle por el terreno que le pertenece a él, según documentos legales.
“Fue un asalto, nos asaltaron la propiedad que es privada y que nosotros tenemos toda la documentación... Sólo nos dijeron que fuéramos a reclamar allá (Enacal). Lo que sucede es que la señora (Ruth Selma Herrera) tiene su casa de verano aquí y no quiere pagar agua”, manifestó Gerardo Munguía, quien dice no haber recibido ningún tipo de documentación legal que avalara la toma de la propiedad.
CONFISCACIÓN
Frank Sevilla, abogado de Rodolfo Munguía, manifestó que fue bajo la figura del “secuestro” que se presentaron a tomar la propiedad. No obstante asegura que esta figura jurídica sólo puede aplicarse cuando existe un juicio y “sólo se secuestran judicialmente los bienes inmuebles y cuando la medida cae sobre el bien litigioso”.
“Ellos no hicieron ningún tipo de juicio por la propiedad... y eso se llama, y está disfrazado como una confiscación. Además aún si ella (Herrera) se ampara en el decreto 20-2008 éste no era un pozo empresarial”, indico Sevilla, quien envió dos cartas al Procurador General de la República, Hernán Estrada, solicitando que su cliente sea indemnizado por la toma del terreno y demás bienes.
La propiedad de Rodolfo Munguía abarca 38 manzanas en la comunidad de El Tránsito. Sin embargo el terreno que aduce le fue “confiscado” es de 357.94 metros cuadrados (507.71 varas cuadradas) donde se encuentra el pozo que abastecía de agua a los habitantes de la zona, quienes pagaban un costo mensual de 80 córdobas.
“Ella dice que todos los recursos naturales de agua son del Estado, pero hay costos que hay que pagarlos y el bien está sobre nuestra propiedad. Ella desde que asumió el cargo nos amenazó con quitarnos el pozo, porque no le gusta pagar agua. A nosotros nos quedó debiendo ocho meses de agua”, dijo.
