El derecho a la libre expresión del pensamiento y la libertad de prensa, son los valores a los cuales los fascistas de izquierda que han tomado el poder en algunos países latinoamericanos (Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua), sienten el odio más visceral y mortal. Ellos hablan contra la oligarquía, los ricos, los capitalistas, los banqueros, los delincuentes de cuello blanco, etc., pero lo que quieren es ser los nuevos oligarcas, los nuevos y únicos ricos, capitalistas y banqueros, los nuevos delincuentes de cuello blanco o rojo, negro, rojinegro, rosado, del matiz que sea, pues está visto y comprobado que para ellos el dinero no tiene color ni olor. Pero en el caso de la libertad de expresión y de prensa lo que quieren no es apropiársela sino simple y brutalmente suprimirla.
Decimos lo anterior no sólo en relación con la acusación criminal que han hecho esta semana contra el director y presidente de la Junta Directiva de LA PRENSA, ingeniero Jaime Chamorro Cardenal, por el caso de los Cenis, aunque él no haya tenido absolutamente nada que ver con eso. Nos referimos también a la situación de Ecuador, donde gobierna un camarada de Daniel Ortega llamado Rafael Correa, quien esta semana asestó un brutal zarpazo o correazo a la libertad de expresión y de prensa de ese país, al incautar tres estaciones de televisión y clausurar una emisora radial.
El pretexto del presidente Correa para incautar las tres televisoras es que éstas forman parte de 195 propiedades de unos banqueros acusados de quebrar fraudulentamente un banco comercial. Sin embargo la incautación de las televisoras no se hizo mediante una resolución judicial, sino por medio de una disposición administrativa tan arbitraria y ridícula, que el Ministro de Economía, Fausto Ortiz, tuvo que renunciar por decoro y como protesta contra semejante abuso de poder. Además, ni siquiera se ha podido demostrar que las estaciones de televisión incautadas pertenecieran a los acusados de la quiebra bancaria, simplemente porque no les pertenecen.
Al respecto, el diario ecuatoriano La Hora señaló en su editorial del miércoles recién pasado, que la incautación “se hizo sin que mediara una sentencia de algún tribunal competente, y violando las más elementales normas del debido proceso… La incautación, además, no se limitó a la parte administrativa de esos canales, sino que incluyó el área informativa y editorial, para las que el propio Presidente (Rafael Correa) nombró nuevos directivos. Es evidente la intención política de esta radical medida, que nos devela parte de la manera de proceder del régimen”.
Por su parte el diario El Comercio, con prudencia hace ver que el caso “presenta aristas que es imprescindible analizar con calma y objetividad”. Señala dicho diario en su nota editorial correspondiente, que “llama la atención que la incautación involucre a medios de comunicación” y le pide al país “estar muy atento para que la administración (de los medios de comunicación incautados) sea temporal y no haya injerencia gubernamental en el contenido” (editorial de dichos medios).
Otro periódico de los más importantes de Ecuador, el Diario Hoy, alertó en su editorial sobre la “peligrosa posible violación a la libertad de expresión, si el Gobierno utiliza esos canales para impedir el libre ejercicio de ésta, obstaculizando que sus noticieros trabajen en total libertad, o influyendo para que difundan propaganda o información manipulada por las entidades estatales… Hay que demandar al Gobierno que se ciña al debido proceso jurídico en lo que respecta a la incautación y que, a la par, garantice el respeto a la libre expresión y difusión del pensamiento en los noticieros de los canales incautados”, reclamó el Diario Hoy de Ecuador.
Por supuesto que el Diario LA PRENSA de Nicaragua, que también está en la mira de los fascistas de izquierda local que desgobiernan el país y adelantan un pérfido plan contra la libertad de expresión y de información, se solidariza plenamente con los medios y los periodistas de Ecuador, y con todos los ecuatorianos democráticos que luchan igual que los nicaragüenses en defensa del derecho irrenunciable a vivir en libertad. Y nos adherimos, por lo consiguiente, al pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acerca de que la incautación de los canales de televisión por parte del Gobierno de Ecuador y el manejo editorial oficial de esas emisoras, “constituye un grave atropello al derecho del público a la información”.
