No se dejen engañar por la maraña de argumentos legales con los que el presidente populista de Ecuador, Rafael Correa, está tratando de justificar la confiscación de 195 empresas de un grupo empresarial ecuatoriano —ahora radicado en Miami— involucrado en un enorme escándalo bancario en la década de 1990.
La confiscación gubernamental de todas estas empresas esta semana ha tenido un simple propósito: apoderarse de las tres emisoras de TV del grupo, ponerles al frente a incondicionales del Gobierno y asegurarse el control de los principales medios de comunicación para tratar de ganar el referéndum de septiembre, que le permitiría a Correa ser reelecto para un nuevo mandato.
Según Correa, la policía ecuatoriana, cumpliendo órdenes de la Agencia de Garantía de Depósitos del Gobierno, se apoderó de TC-Televisión, Gamavisión, Cablevisión, el ingenio azucarero La Troncal y docenas de empresas de seguros, construcción y otros rubros que pertenecían al Grupo Isaías, como medidas destinada a hacer justicia a los acreedores del otrora poderoso grupo empresarial. El Ministro de Economía, Fausto Ortiz, renunció en protesta, y fue reemplazado por Wilma Salgado, tercer Ministro de Economía de Correa en el último año y medio.
La Agencia de Garantía de Depósitos dice que intenta recuperar los $661 millones supuestamente malversados por el Grupo Isaías, que era dueño del imperio financiero Filanbanco antes de que pasara a manos del Gobierno en 1998. El Grupo Isaías dice que esas afirmaciones son ridículas, añadiendo que Filanbanco tiene $500 millones en capital y sólo debe $30 millones a los ahorristas.
Independientemente de si el Grupo Isaías —encabezado por los hermanos Roberto y William Isaías— fue responsable de una importante malversación y huyó a EE.UU. para evitar el juicio, o si —como los hermanos Isaías afirman— fueron víctimas de una crisis financiera que condujo a la quiebra a casi 30 bancos ecuatorianos ese año, la forma en que fueron confiscadas sus emisoras televisivas en Ecuador presenta todas las características de un brutal ataque gubernamental a la libertad de prensa.
Consideren los hechos:
• Si la confiscación de las cadenas televisivas del grupo Isaías, que tienen un 40 por ciento de la audiencia de los programas de noticias nocturnos, fuera un movimiento puramente financiero destinado a liquidar los bienes y pagarles a los acreedores, Correa hubiera pedido a una empresa contable que pusiera al frente en ellas a un director independiente.
En cambio Correa designó como director de los canales confiscados al mismísimo director de la emisora gubernamental de Ecuador, Enrique Arosemena Robles. Y otro colaborador de Correa, su ex ayudante de prensa José Toledo, fue designado vicepresidente de noticias de las emisoras incautadas.
• Lo que es tanto o más grave, los dueños de varios de los canales de TV confiscados dicen haber comprado las emisoras a los hermanos Isaías varios años atrás, y que por lo tanto no tienen nada que ver con el escándalo de Filanbanco. Estéfano Isaías, un hermano de Roberto y William que no está involucrado en las acusaciones por el escándalo bancario de Filanbanco, me dijo que compró TC-Televisión hace unos diez años. Asimismo, Alvaro Dassum dice que él —y no los hermanos Isaías— es dueño de Gamavision.
El gobierno de Correa afirma que actuó de manera preventiva, y deberá iniciar ahora los procedimientos legales para determinar quiénes son los verdaderos dueños de las emisoras de TV. Eso tardará meses, si no años. Mientras tanto, el Gobierno controlará tres nuevos canales de propaganda política en un momento crítico, en el que Correa necesita desesperadamente remontar en las encuestas para ganar el inminente referéndum constitucional.
“Todo el propósito de esto fue apoderarse de las emisoras de TV, porque Correa estaba cayendo en las encuestas, y necesitaba reforzar su apoyo para un referéndum que está perdiendo respaldo público”, me dijo Estéfano Isaías en una entrevista telefónica.
• El lunes, reguladores del gobierno clausuraron Radio Sucre, una emisora de Guayaquil que suele criticar al Gobierno, alegando irregularidades técnicas de su licencia. En el 2007, Correa tomó control del periódico El Telégrafo, que se vio involucrado en un escándalo financiero, y en vez de liquidarlo y venderlo a nuevos dueños se lo quedó como un órgano de propaganda gubernamental.
“Todos éstos son signos muy alarmantes para el futuro de la libertad de prensa en Ecuador”', me dijo en una entrevista telefónica Enrique Santos Calderón, vicepresidente de la Asociación Interamericana de Prensa. “No es casual que todo esto se dé en la antesala de la campaña electoral para el referéndum de la Asamblea Constituyente, ni tampoco es divorciable de los sistemáticos ataques de Correa contra los medios críticos de su Gobierno”.
Mi opinión: Estoy de acuerdo. Correa llegó a la Presidencia con una campaña anticorrupción y prodemocrática, pero se ha convertido en un populista arrogante que está censurando a los medios para lograr aprobar una Constitución que le permita cumplir su principal objetivo: quedarse indefinidamente en el poder.
Columnista de The Miami Herald y El Nuevo Herald
