El intento de captura del secretario general de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, el pasado martes, fue motivado en una reorientación que firmó la juez Primero Local Penal, Julia Mayorga, quien extrañamente lo hizo en los primeros 30 minutos de ese día.
Carmona denunció que sorpresivamente un caso que estaba engavetado, tras una orden del 26 de junio del 2007, del cual desconocía, fue ejecutado con diligencia a las cinco de la mañana del martes, por la Policía.
El activista de los derechos humanos denunció que no sólo desconocía el proceso en su contra, sino que desde el año pasado presentó una acusación ante el inspector general de la Policía, comisionado general Juan Báez, por supuestas anomalías presentadas durante una captura ejecutada por supuestos policías, en la que estuvo presente. La CPDH condenó el procedimiento empleado.
El 9 de febrero del año pasado, Carmona escribió una carta al comisionado general Báez a través de la cual le expresa que ese día “fui objeto de amenazas y ultrajes por parte de supuestos policías”. Le explica que esto ocurrió al intervenir en defensa de su hermano Carlos Carmona, a quien personas de civil lo pretendieron introducir por la fuerza a un vehículo particular.
Carmona expresa en su carta que al ver la situación, se identificó como el secretario de la CPDH, por lo que solicitó de forma reiterada el respeto a la integridad física y moral de su hermano, que se identificaran y que presentaran la orden de captura, pero sólo uno de ellos presentó su chapa de identificación policial (chip) número 2471, el otro no se identificó.
En esa misma carta, Carmona relató que con apoyo de los vecinos rescató a su hermano, y le dijo que fueran a presentar la denuncia de los hechos.
Pero uno de los supuestos agentes sacó una pistola “apuntándome de forma directa, manipulándola en actitud amenazante, de manera simultánea en actitud peligrosa”, dijo Carmona tras el incidente.
Relata otras anomalías en el procedimiento, como el hecho de que pretendieron llevarse preso a su sobrino de 17 años, entre otros.
Carmona no obtuvo respuesta, pero la denuncia en su contra fue tramitada sin que la Fiscalía le informara. La CPDH condenó “la clara violación al derecho a ser informado en el momento de su comparecencia o de su detención, de manera clara, precisa, circunstanciada y específica, acerca de los hechos que se le imputan”.
“Demandamos al Poder Ejecutivo deponga sus pretensiones de intimidar con el acero de guerra a aquellos ciudadanos y organismos de la sociedad civil, que en su momento han expresado su preocupación y desacuerdo en la forma de cómo se está conduciendo la gobernabilidad en el país”, manifestó la CPDH.
Carmona solicitó una entrevista con el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, para consultar por qué no fue notificado de esta investigación en su contra. Recordó que desde que introdujeron la denuncia por los supuestos delitos de lesa humanidad, empezaron a sufrir amenazas de muerte.
La doctora Elízabeth Argüello, funcionaria de la CPDH, explicó que introdujeron un recurso de exhibición personal a favor de Carmona, ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) y solicitarán a la judicial que declare la extinción de la pena, como establece el Código Procesal Penal (CPP).
