WASHINGTON - Nicaragua expresó hoy su desacuerdo con la declaración aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el conflicto colombiano, por considerar que no se dan las condiciones para un diálogo entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno que preside lvaro Uribe.
El presidente Daniel Ortega, a través de su delegación ante la OEA, explicó en un comunicado que esa declaración "no aporta los elementos necesarios para el establecimiento de un proceso de diálogo y negociación política" que permita la libertad de los prisioneros de las FARC y de los que están "en poder del Ejército de Colombia".
Ortega consideró, además, que el texto tampoco propone procedimientos para lograr "una paz firme y duradera que garantice la vida y la seguridad de todas las personas que vayan incorporándose a la vida política, económica y social del país, y evitar que sean eliminados físicamente durante este proceso".
La declaración aprobada el pasado martes por los 34 países miembros de OEA insta a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a que liberen de inmediato y sin condiciones a todos los rehenes, renuncien a la violencia e inicien un diálogo con el Gobierno de Uribe.
El mandatario recordó que su país vivió una "dolorosa" experiencia de conflicto armado interno y de guerra de agresión, y que optó por la paz al sentarse a dialogar con las fuerzas beligerantes.
"Esta realidad histórica nos motiva a recordar que no se puede pedir el cese de actividades ni un cese al fuego, y mucho menos el desarme unilateral, sin que haya habido previamente un proceso de diálogo y negociación que dé garantías plenas a la vida y a la seguridad de todas las personas liberadas y desmovilizadas", sostuvo Ortega.
Por último, el gobernante nicaragüense aseguró estar de acuerdo con la negociación como mecanismo para establecer los "cimientos" para lograr una "paz firme y duradera" en Colombia y en la región.
Por ello, Ortega manifestó su disposición a jugar un papel en un posible proceso de diálogo y negociación política entre las FARC y el Gobierno de Colombia, siempre y cuando el Ejecutivo de Uribe lo estime oportuno.
