La aprobación del nuevo Código Penal y la posible influencia en el Gobierno que pudiera tener la nueva esposa de Pedro Jiménez Cantarero, quien fue condenado a 30 años por el delito de asesinato atroz en contra de Silvia de los Ángeles Aguirre Palacios, llevó a la hermana de la víctima, Sonia Aguirre, a pedir el acompañamiento del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“Me preocupa que criminales de peligrosidad, con esta nueva reforma (al Código Penal) vayan a quedar en libertad, como fue la persona que asesinó a mi hermana”, dijo Aguirre.
Jiménez Cantarero fue acusado por el Ministerio Público de haber perpetrado el crimen en contra de su ex cónyuge, el 24 de octubre del 2004. La asesinó camino a San Francisco Libre, donde posteriormente desmembró su cuerpo. Hasta la fecha la pierna izquierda y la cabeza nunca fueron encontradas.
Según Aguirre, Jiménez se casó con una persona que ocupa un cargo de dirección en el MTI y es militante sandinista. “Supuestamente él dice que pronto va a salir”, afirmó Aguirre, quien apela a que las autoridades recuerden que los dos hijos de su hermana aún sufren el trauma por el crimen.
Bayardo Izabá, director ejecutivo del Cenidh, manifestó que a través de una de las abogadas de ese organismo, revisarán en qué instancia judicial está el expediente y qué gestión pueden hacer.
Además recordó que a partir de ayer entró en vigencia el nuevo Código Penal, en el cual “todo lo que favorezca a los internos es aplicable”.
PREOCUPA INICIATIVA
Izabá criticó el proyecto de ley de Fijación de Plazo Razonable de las Causas Pendientes, que pretende ser aprobado por los diputados en la Asamblea Nacional, con la intención de beneficiar al ex presidente Arnoldo Alemán.
El proyecto establece que a las personas enjuiciadas bajo el Código de Instrucción Criminal, los jueces deben dictarles un fallo en un máximo de 10 días cuando las condenas sean inferiores a cinco años y tendrán hasta 30 días para emitir sentencia definitiva cuando la pena supere los cinco años de prisión. De no acatar los jueces los plazos establecidos “se extinguirá la acción penal”.
Recordó Izabá que sólo en el caso de Managua, el juez David Rojas, donde se ventilan las causas introducidas con el Código de Instrucción Criminal, tiene unos tres mil casos en trámite, por lo que será imposible que pueda fallar.
Izabá calificó la propuesta como “descabellada” y que pone en riesgo la seguridad del país, pues podrían salir de la cárcel peligrosos delincuentes.
