De acuerdo con la acusación que por el caso de los Cenis presentó la Fiscalía, los banqueros adquirentes de esos bonos fueron los principales beneficiados con la operación financiera fraudulenta, pero no se acusó a ninguno de ellos, en otra olímpica exclusión similar a la del actual canciller de la República, Samuel Santos López.
Por ejemplo, en el caso del Banco del Café (Bancafé), la acusación dice que al momento de la liquidación forzosa, “el balance del Bancafé preparado por la junta liquidadora relacionada y de acuerdo con estimaciones del valor de libros de sus pasivos y de sus activos, la brecha inicial fue estimada en 40.5 millones de dólares, brecha que se incrementó en la medida en que la cartera fue recalificada y negociada entre funcionarios del Banco Central de Nicaragua (BCN) y funcionarios del Banco de Finanzas (BDF)”.
El escrito agrega que estas negociaciones se realizaron al margen de la junta liquidadora del Bancafé.
Al final, según la misma acusación, se terminaron emitiendo Cenis a favor del BDF por un monto superior a los 77 millones de dólares, es decir, 36.9 millones de dólares más que lo estimado en la brecha inicial. Este monto ya fue pagado en su totalidad al BDF.
El fiscal especial de los Cenis, Armando Juárez, asegura desde su lógica que los principales beneficiados fueron los banqueros (Banpro-Bancentro-BDF), pero señaló que no los acusó porque todavía no les ha hallado pruebas de que actuaron con dolo (con conocimiento de que estaban cometiendo delito) al asumir las carteras de los bancos quebrados, recibir los Cenis y comprar mediante subasta los bienes de las entidades bancarias quebradas (Bancafe-Banic-Interbank-Bamer).
“El problemas es que las bases (para las operaciones fraudulentas) no las diseñan los banqueros, las bases las diseñan supuestamente las juntas administradoras, y como resultado de la investigación surge que se las elaboraron en la Superintendencia de Bancos (SIB) y que ellos sólo las firmaron, y son las bases las que comprometen al país en la operación con los banqueros”, expresó Juárez.
La acusación establece que los accionistas de bancos, en el caso de Interbank, del cual era socio el canciller Samuel Santos, así como las juntas administradoras y liquidadoras en los casos del Bancafé, Bamer y Banic, prepararon los términos de las bases que establecieron en qué circunstancias se otorgaría la asistencia financiera, la emisión de Cenis para respaldar las brechas de los balances de cada banco, solicitando la garantía del Estado.
Sobre esa aparente base jurídica, explica la acusación, “es que se erige una de las operaciones financieras que ha causado enorme perjuicio al Estado y al pueblo de Nicaragua, bases sobre las cuales se creó un proceso complejo de operaciones con grupos financieros como Banpro, Bancentro y el BDF, que les dejó beneficios exorbitantes en tiempo récord y la consecuente ruina del Estado nicaragüense y de sus conciudadanos”.
NO ENCUENTRA PRUEBAS CONTRA BANQUEROS
El fiscal especial aclaró que los banqueros no están exentos, pero la Fiscalía todavía tiene que dilucidar si tienen responsabilidades, porque los banqueros aducen que ellos participaron dentro de una operación financiera y no tienen por qué asumir la responsabilidad de alguien (en este caso funcionarios de Gobierno) que llegan a ofrecerles determinadas condiciones de esa operación financiera.
Para el fiscal Juárez el caso es complejo, porque por un lado está la aparente actitud lícita de cualquier banquero del mundo de realizar operaciones financieras, pero por el otro lado está la actitud complaciente, irresponsable de los funcionarios que desencadenaron ese tipo de procedimientos.
“No estoy diciendo que los banqueros son ingenuos, no estoy diciendo que los banqueros no se lucraron, lo que estoy diciendo es que no hemos agotado a quiénes vamos a llevar a los tribunales”, dijo Juárez.
¿Qué les hace falta?, se le preguntó.
“Pruebas, pruebas”, respondió el fiscal.
El fiscal Juárez también comentó la exclusión como acusado del canciller Samuel Santos, quien recomendó la venta del Interbank a Banpro y avaló la emisión de los Cenis mediante un memorando enviado en el año 2000 a la Superintendencia de Bancos, a cargo de Noel Sacasa en ese entonces.
Juárez indicó que tampoco tiene pruebas en contra de Samuel Santos para sustentar una acusación en su contra.
Santos, en representación de los accionistas del Interbank fue miembro de la junta administradora de ese banco quebrado.
Santos formó parte de la junta administradora junto a Rodolfo Delgado Cáceres y Mario Flores Loáisiga que sí fueron acusados por la Fiscalía.
La acusación en ninguna parte dice que Santos también fue miembro de esa junta administradora hasta el final, en representación de los accionistas del Interbank.
Santos avaló la emisión de los Cenis, y en un memorando enviado el 6 de octubre del 2000 en su calidad de miembro de la junta administradora, al entonces superintendente de bancos Noel Sacasa, le informó sobre la decisión de vender el Interbank al Banco de la Producción (Banpro), bajo ciertas condiciones que implicaban la emisión de los Cenis.
“La junta administradora dentro de las facultades que le señala el artículo 86 de la Ley General de Bancos, decide proceder a la venta de activos y pasivos propuesta por Banpro, sujeto a que los órganos competentes del Estado resuelvan aprobar los requisitos solicitados”, cita el memorando.
Los requisitos a los que Santos hacía mención en aquella comunicación fueron acordados por los socios del Banpro y del Interbank, entre los que se mencionaba la emisión de estos bonos a favor del Banpro por parte del Banco Central de Nicaragua (BCN) a plazos de dos a cuatro años.
“El Banco Central de Nicaragua también restituirá al Banpro con este mismo mecanismo de pago (Cenis) en caso de que durante el proceso de absorción de activos y pasivos aparezca cualquier tipo de deuda o contingencia no revelada por los estados financieros de Interbank a esta fecha”, refiere uno de los acuerdos o requisitos que posteriormente fueron aprobados por el Consejo Directivo del BCN.
Al final, por el “agujero” dejado por el Interbank se emitieron los Cenis.
MENTIRAS OLÍMPICAS PARA PROTEGER A SANTOS
El fiscal porfió que el memorando de Santos López es enviado a otro de los miembros de la junta administradora del Interbank, Rodolfo Delgado Cáceres, pero en realidad el memorando, en poder de LA PRENSA, va dirigido a Noel Sacasa, superintendente de Bancos.
Explicó que en el caso del Interbank, al final había una “junta de mayoría”, conformada por Rodolfo Delgado Cáceres y Mario Flores Loáisiga, y una junta de minoría, en la que estaba solo el actual canciller Samuel Santos López.
“Con el seguimiento y valoración que hemos hecho, la responsabilidad jurídicamente hablando la asumió la junta de mayoría, que es el señor Mario Flores Loáisiga, gerente general del BCN y el señor Rodolfo Delgado Cáceres y son los que también jurídicamente asumieron los actos y la representación del banco, en lo sucesivo de los actos que se produjeron hasta terminar con el caso que estamos investigando”, indicó el fiscal Juárez.
Sin embargo, según el memorándum de Santos, éste hace exactamente la misma recomendación.
Al final, por esa recomendación se emitieron Cenis a favor del Banpro por 152.7 millones de dólares “que benefició ilegítimamente al Banpro”, dice la relación de hechos, sin embargo, a pesar de semejante aseveración, Juárez dice que no tiene pruebas contra Santos o contra los directivos del banco.
Los Cenis emitidos para respaldar la operación del Interbank representan prácticamente el 50 por ciento de los bonos emitidos por la quiebra de los bancos. Los 77 millones de dólares emitidos por el Bancafé representan el 25 por ciento.
AMPAROS SON DECISIVOS
En el caso de los Cenis, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no resuelve los recursos de amparo presentados.
El presidente de la Corte, Manuel Martínez, indicó que si la Corte declara legales los Cenis, todo el juicio quedaría suspendido.
También explicó que los amparos sólo tienen efecto sobre actos administrativos, por lo cual al juez Arias ya no lo pueden detener sobre el avance del juicio. Martínez luego se enredó al afirmar que el amparo sí puede detener el juicio porque obligaría a la Fiscalía a no impulsar el proceso.
