QUITO. - El gobierno garantizó hoy la libertad de prensa en Ecuador pero los críticos llamaron a vigilar sus próximos pasos, luego de la incautación en la víspera de canales de televisión y cerca de 200 empresas para resarcir deudas de un banco quebrado a finales de los noventa.
"Lo que se está incautando no es la libertad de expresión de nadie, sino un patrimonio", advirtió el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante entrevistado por radio Sonorama.
"Hay un grupo de 190 y tantas empresas que son sometidas a medidas cautelares, que son incautadas preventivamente, entre ellas hay algunas empresas de comunicación", explicó el ministro.
Afirmó que el gobierno incautó entre otros bienes, medios de comunicación pero "no es para tener medios de comunicación. El estado lo que quiere es tener patrimonio que le permita cumplir obligaciones financieras".
Dos grandes canales de televisión y un canal de televisión por cable constan entre los bienes incautados por el gobierno con el fin de cubrir deudas con acreedores del ex Filanbanco, propiedad de los hermanos William y Roberto Isaías Dassum.
Los hermanos viven en Estados Unidos y enfrentan en Ecuador juicios penales acusados de presunto peculado por lo que sobre ellos pesan pedidos de extradición de las autoridades ecuatorianas.
Carlos Bravo, gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), entidad gubernamental que ordenó en la víspera la incautación, aseguró que "al gobierno no le interesa absolutamente para nada" mantener es su poder ningún bien incautado y que hará los esfuerzos para que "inmediatamente" pasen a manos privadas.
GOBIERNO BUSCA REPARAR UN DAÑO
La recién posesionada ministra de Finanzas, Wilma Salgado enfatizó en una entrevista con radio Caracol de Colombia que "de ninguna manera la intención del gobierno es controlar o interferir con la libertad de prensa" sino que se busca "reparar un daño" que se causó a los ecuatorianos.
Los dos canales nacionales, TC Televisión y Gamavisión, mantienen su programación regular pero sus noticieros todavía no operan con normalidad. Esas estaciones de televisión son administradas por funcionarios del canal estatal.
El diario El Comercio, en su editorial del miércoles indicó que "el país debe estar muy atento para que la administración sea temporal y no haya injerencia gubernamental en el contenido".
Recordó el caso del diario El Telégrafo que pertenecía a otro banco quebrado, el Banco del Progreso, y que en marzo del 2002 pasó a manos del estado, sin que hasta ahora haya sido entregado a manos privadas.
Por su parte, el diario El Universo, el de mayor circulación del país, consideró la acción del gobierno como una "maniobra electoral". Añadió que la intervención del gobierno en los canales incautados "constituye un atropello a la libertad de expresión, disfrazado de reivindicación social".
"Con ese pretexto se quiera avanzar en el control estatal de los medios de comunicación", añadió, argumentando que la incautación ocurre a las puertas del referendo para aprobar la nueva Constitución, que redacta la mayoría oficialista en la Asamblea Constituyente.
La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) expresó su "más grave preocupación" por la incautación, una medida "que afecta severamente la libertad de expresión". La organización exhortó al gobierno a "rectificar".
Sostuvo la AIR que "la gravedad de este atentado contra la libertad de expresión es aún mayor, considerando las reiteradas críticas en contra de los medios de comunicación por parte del gobierno ecuatoriano, las continuas amenazas de regulaciones y tributaciones adicionales y el cierre de Radio Sucre, bajo el ya conocido expediente de la no renovación de su licencia".
Gremios periodísticos del Ecuador reconocieron que la decisión del gobierno fue legal, que "obedece a un conflicto estrictamente financiero, empresarial y legal y nada tiene que ver con la libertad de expresión, que ha sido argida por algunos sectores".
