Lo bueno de todo el actuar de la dirigencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de sus militantes y simpatizantes, es que cada día se sumergen más en el océano del desprecio que un alto porcentaje de la población le tiene.
Son tan viles, soberbios, arrogantes y malvados, que su ignorancia no los deja ver el daño que se están haciendo. Pierden credibilidad, prestigio, confianza (si es que la tiene); por el contrario, cultivan sentimientos adversos en quienes ya los conocen desde hace muchos y años, y en los mismos sandinistas decentes que se han retirado de este partido cuyos dirigentes están acostumbrados a la barbarie.
Ahora a dos ex militares del régimen sandinista de la década del ochenta utilizan el monopolio de la acción penal de la Fiscalía General de la República (FGR), para tratar de intimidar a quienes no comparten sus criterios y de paso, pretender encarcelarlos para que no haya oposición política alguna que evidencie sus inoperancias y a la vez, abusos de autoridad, típicos de un régimen tirano.
Ayer por la mañana en un canal de la televisión local, el fiscal Armando Juárez decía que sus investigaciones sobre las personas que son acusadas (por orientación del gobierno sandinista de Daniel Ortega Saavedra), está basada sobre tres aspectos fundamentales: a) Asistencia económica para quienes asumieron las carteras de los bancos quebrados, b) Emisión de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), y c) La subasta de los bienes residuales.
Sobre estos tres puntos en los que se basa la investigación de los fiscales sandinistas Armando Juárez y la ex policía Ana Julia Guido, los abogados defensores tendrán que enfilar sus argumentaciones jurídicos, auxiliados del conocimiento de expertos economistas para desmantelar toda la trama con implicaciones políticas que tiene la acusación orientada por este régimen.
Es notorio que hay una serie de elementos que vician el proceso judicial que ha orquestado el Gobierno con sus fiscales sandinistas, pues resulta interesante ver que hay personas que fueron excluidas “porque negociaron”. ¿A qué se le pues llamar “negociar” en el acostumbrado contexto que utilizan los sandinistas? Siguiendo este hilo jurídico, es oportuno profundizar de ahora en adelante sobre el o los presuntos autores del o los delitos, y el cooperador o cooperadores necesarios que atribuyen los fiscales sandinistas.
El problema en todo esto es que este régimen sandinista, igual que en el pasado, está utilizando los instrumentos del poder político, jurídico, legislativo y hasta policial (este último como brazo coercitivo) para encarcelar a sus adversarios y pretende utilizar el derecho penal como máquina procesadora de carne. ¿Será que quieren hacer llorar sangre y amordazar a la gente, tal como aparece la imagen de Eduardo Montealegre en las vallas publicitarias?
Lo que queda es la unidad contra estos bárbaros y llegado su momento, los votantes deben castigar a Daniel Ortega y su séquito. Ortega y su gente no cumple con muchas cosas que prometió, pero sí hace lo que no dijo: tolerancia cero a través del “acero de guerra” contra la oposición y la mayoría de la población que no goza del beneficio de la ley. ¿Quién los juzgó a ellos después que fueron expulsados del poder por el voto popular en 1990?
