Sin duda que el propósito del gobierno de Daniel Ortega, al incluir a nuestro director, don Jaime Chamorro Cardenal, entre los acusados por el caso de los Cenis, es amedrentar a LA PRENSA para que deje de denunciar los abusos de poder y la corrupción gubernamental, y para que no siga siendo un bastión en defensa de la libertad y la democracia.
En realidad, desde que Daniel Ortega tomó posesión nuevamente de la Presidencia de Nicaragua, en enero del 2007, uno de los principales temas de discusión en los círculos dirigentes del partido gobernante, particularmente de quienes en la dictadura sandinista de los años ochenta formaron parte de sus cuerpos de espionaje y represión, fue cómo liquidar o al menos neutralizar a LA PRENSA. Y entre las diversas ideas de las mentes perversas de los que tienen las riendas del poder, le han dado prioridad a la maquiavélica estrategia de combinar la propaganda difamatoria para tratar de minar la credibilidad de LA PRENSA, con acusaciones y condenas judiciales para quebrantarla y, de ser posible, liquidarla.
Es que el Poder Judicial controlado por el FSLN constituye prácticamente el “acero de guerra”, con el que Daniel Ortega ha amenazado a sus enemigos políticos y sus críticos, incluyendo a los periodistas y medios de comunicación independientes. Ortega y los suyos están claros de que no pueden repetir abiertamente los procedimientos de censura, clausuras indefinidas o definitivas de medios, ataques de turbas, golpizas y encarcelamiento de periodistas y otros acosos represivos que practicaron con frecuencia durante los años ochenta. Según sus consideraciones, la vía judicial se presta mejor para servir como arma principal para atacar a los medios, sobre todo a LA PRENSA y a los enemigos políticos de Ortega, porque la administración de justicia está controlada por antiguos esbirros del Ministerio del Interior (Mint) y la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) de la dictadura sandinista de los años ochenta. En consecuencia, la inclusión de don Jaime Chamorro Cardenal en el paquete de los 39 acusados criminalmente por el caso de los Cenis, lo mismo que el reciente juicio descabellado y la absurda condena que le impusieron a él y Eduardo Enríquez, jefe de redacción de LA PRENSA, son partes del mismo plan de utilizar el Poder Judicial como instrumento de represión contra la libertad de expresión en general y contra el Diario LA PRENSA en particular.
LA PRENSA está, pues, una vez más ante el verdugo, como lo ha estado muchas veces a lo largo de su historia. Ciertamente, se podrían escribir varios libros voluminosos con las historias y expedientes de las acusaciones y condenas judiciales que las dictaduras le han impuesto a LA PRENSA. Fiscales esbirros y jueces venales han ejecutado las decisiones de los dictadores Somoza y Ortega, para acusar y acosar a LA PRENSA, para amordazarla y para tratar de callarla. Pero por muy duros que hayan sido los ataques de los enemigos de la libertad de expresión y de prensa, siempre hemos salido victoriosos. Ni siquiera con el asesinato de nuestro Director Mártir, el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, a quien mataron después de haberlo llevado muchas veces a los tribunales represivos como ahora están llevando al ingeniero Jaime Chamorro Cardenal, pudieron terminar con LA PRENSA. Porque ellos pueden difamar, juzgar, encarcelar e incluso asesinar a las personas, pero no pueden matar la libertad.
Es con esa fe y convicción que hoy enfrentamos nuevamente a los verdugos de LA PRENSA. Ya en el pasado hemos asistido a los funerales de las dictaduras y al entierro de los enemigos de la libertad. Desde el palco alto de la victoria popular y democrática vimos caer al somocismo en 1979 y en 1990 a la dictadura de Daniel Ortega, quien ha sido el enemigo más feroz de LA PRENSA en sus más de 82 años de existencia. Y sin duda que vamos a ver su regreso a la fosa sepulcral, de la que sólo ha podido salir gracias a los pactos corruptos y los conjuros maléficos.
Daniel Ortega cree que nos puede atacar impunemente porque lo tiene todo a su favor: el poder económico; la capacidad de mediatizar al Poder Legislativo; el control del Poder Judicial, la Fiscalía y la Contraloría. Pero le falta la razón. Y como muy bien le advirtió Rubén Darío a Teodoro Roosevelt: “Y, pues contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios!”
