Acaba de producirse un suceso de gran significación para la dignidad humana: la liberación de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, de tres contratistas estadounidenses y de 11 militares, que se hallaban raptados por las FARC, algunos desde hace diez años.
Este acontecimiento, de por sí trascendental, alcanza proporciones de especial significación cuando se analiza que se realizó sin que se haya derramado una sola gota de sangre, por cuanto se produjo con la mayor tranquilidad del mundo. Lo asombroso del caso es que las indicadas personas estuvieron en calidad de cautivos de la organización narcoterrorista más desalmada del planeta, cuyas atrocidades deben ser condenadas, de manera frontal, por los ciudadanos y gobiernos que se orientan por los preceptos de la racionalidad y el bien.
Fue el resultado del trabajo de una selecta unidad de Inteligencia del Ejército que logró infiltrarse en las filas de la narcoguerrilla, un hecho de increíble precisión estratégica y digna de admiración y aplauso, por el lado que se le mire.
Las FARC, que con esta operación del Gobierno colombiano quedaron completamente disminuidas y hasta en el ridículo, tienen como una de sus principales formas de vida al secuestro, despreciable actividad que les proporciona ingentes cantidades de dinero, a igual que el narcotráfico y sus crímenes conexos. Niños, ancianos, mujeres embarazadas, no han escapado de estas ruines acciones por las cuales esta agrupación de bandoleros mantiene todavía en cautiverio, en condiciones de esclavos, a cientos de personas. ¿Habrá algún motivo encomiable para quienes asesinan sin piedad, asaltan poblaciones indefensas, matan a misioneros, lanzan bombas en iglesias y otros centros de reunión pública? ¿Para quienes atropellan los más elementales derechos humanos? ¿Para los que secuestran con la mayor sangre fría? No obstante, hay gente desorientada, fanática o guiada por intereses nada recomendables, que, por lo general de manera solapada, apoyan a estos sujetos que tienen aceptación del cuatro por ciento dentro del total poblacional colombiano, insignificante y reveladora cifra que debe, a los malandrines, hacerles meditar mucho, entregar las armas y emplear esas energías, en vez del crimen y otras formas de delito, en cosas positivas y, por tanto, edificantes.
La violencia armada conduce únicamente a que se ahonden los problemas sociales. Eso tienen que entender quienes aspiran al poder por este método o amparan a sujetos que propugnan el revanchismo, la lucha de clases, la violación de las garantías, como el derecho a la libertad de pensamiento y de prensa, y el menoscabo de los preceptos que la civilización ha ido estructurando, a lo largo de los siglos.
Las acciones armadas han servido para que se encaramen en el poder dictadores que se han considerado iluminados por el destino para ser tales y que han sojuzgado o siguen oprimiendo a los pueblos con el carácter de vitalicios y hasta con prerrogativas hereditarias, por haberse convertido en dueños de vidas y haciendas, a la usanza del Medioevo. Agrupaciones como las FARC son las que, precisamente, además de fomentar el narcoterrorismo, patrocinan el surgimiento de regímenes totalitarios, a los que es indispensable señalar y combatir con los recursos de la libertad y la democracia, en aras del bien común.
