Menos de 48 horas después que el presidente Daniel Ortega había ofrecido el “acero de guerra” a sus adversarios políticos, la Fiscalía General de la República acusó formalmente ayer a 39 personas, incluyendo al candidato a alcalde de Managua por la Alianza PLC-VCE, Eduardo Montealegre. La acusación es por presuntamente actuar contra el patrimonio del Estado, fraude al Estado y tráfico de influencias, en un proceso judicial relacionado con los Certificados Negociables de Inversión (Cenis). En la acusación, el fiscal Armando Juárez pide arresto domiciliar, impedimento para salir del país y presentación periódica en los Juzgados, para los acusados.
Pero desde el sábado Ortega ya le había recetado los Juzgados a Montealegre, a quien llamó “sinvergüenza”, y sus medios oficialistas lo vienen condenando desde hace seis meses, junto al Director de LA PRENSA, Jaime Chamorro Cardenal, también acusado ayer.
La acusación fue rechazada por Montealegre, quien la calificó de una “persecución política” en su contra.
“Esa es una acusación falsa, una acusación política claramente dirigida a meter a este país (en el) caos, a instaurar una dictadura para tapar la incapacidad de gobernar del presidente (Daniel) Ortega”, señaló Montealegre.
Pero la fiscal adjunta Ana Julia Guido alegó que la acusación se basó en un informe y las recomendaciones presentadas por la Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional, sobre el particular.
El informe al que se refiere fue elaborado en la legislatura anterior (en el 2006) por la Comisión de Probidad encabezada por el diputado Donald Lacayo Núñez, en ese entonces un ferviente arnoldista, y fue emitido en medio de la campaña electoral en la que Montealegre hizo campo aparte del PLC.
Los delitos en los cuales supuestamente incurrieron los procesados, entre ellos el ex superintendentes de bancos Noel Sacasa y varios ex presidentes del Banco Central, directivos de juntas liquidadoras y administradoras, se generaron a partir de la quiebra de varios bancos.
Guido sostuvo que la comisión parlamentaria expresó en sus conclusiones, que el Estado de Nicaragua “enfrenta una elevada carga de endeudamiento interno, agravada en los últimos años de la emisión de los Cenis”.
La funcionaria alegó que fue la misma Comisión de Probidad del parlamento la que resolvió que esa institución debía iniciar una investigación.
Apuntó que a través del informe que les fue remitido, se demostraba que se había realizado una serie de intervenciones y liquidaciones bancarias innecesarias.
Guido dijo: “Aquí hay una serie de señalamientos de manera directa al señor Eduardo Montealegre, y no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo este informe”, a la vez que mostró el informe remitido por la comisión parlamentaria.
Pero Montealegre desvirtuó las aseveraciones de Guido, al señalar: “Si la acusación es como ella dice, en base a lo que dijo el reporte de la Asamblea, lo único que dijo (el reporte) es que se investigue y que Eduardo Montealegre aclare. Yo ya lo he aclarado hasta la saciedad”, apuntó.
“Esa es una acusación falsa, una acusación política claramente dirigida a meter a este país al caos”, señaló Montealegre.
“Por supuesto que soy totalmente inocente de esos tres cargos que se me imputan y de los cuales me han acusado”, manifestó el candidato, quien dijo que se acogerá a la inmunidad. “Estoy ejerciendo el mismo derecho que el presidente (Daniel) Ortega ejerció cuando fue acusado de violación”.
Juárez añadió que si Montealegre es inmune o tiene privilegios, “que los haga valer ante el juez que conocerá de la causa”, que será el juez Quinto de Distrito Penal de Audiencia de Managua, Julio César Arias.
El juez Arias, de tendencia sandinista, es el mismo funcionario al que se le vio salir de la Secretaría del Frente Sandinista hace varios meses luego de visitar, según dijo, “a unos amigos” que tiene en ese partido, y quien autorizó los actos prejudiciales del caso de los Cenis, como el secuestro de los bonos en poder del Banpro y Bancentro, así como la declaración anticipada de Roberto Argüello, quien fue el comprador de las acciones que Montealegre tenía en Bancentro y que por residir en el extranjero no podía estar en el país para declarar en juicio.
Una de las peticiones que está haciendo la Fiscalía en la acusación, es que Montealegre tenga prohibido comunicarse con Argüello.
LA RECLASIFICACIÓN Y LOS ACUSADOS
Según Guido, la Asamblea Nacional hizo una serie de consideraciones en su informe de las quiebras bancarias, así como que no había facultad para la reclasificación de carteras.
Menciona Guido que el informe revela que el Banco Central de Nicaragua, y los bancos que adquirieron las carteras al margen de la Superintendencia de Bancos, bajaron de calificación miles de créditos.
“Si a un cliente tipo A con un crédito de un millón de dólares lo reclasificaron a tipo D, el banco beneficiado además de cobrar el 100 por ciento por el crédito —que en realidad seguía siendo A— más intereses, también recibió del Estado 700 mil dólares en certificados negociables de inversión más intereses. De esta forma el banco beneficiado se quedó con más de 1.7 millones de dólares”, sostuvo Guido.
“En efecto, el banco beneficiado cobraba dos veces, porque el cliente le pagaba el principal más intereses en su totalidad y el Estado también le pagaba vía Cenis el monto de mérito producto de la reclasificación”, mencionó Guido que refería el informe.
Lo curioso de la acusación es que si los que se beneficiaban eran los bancos privados, en la acusación de la Fiscalía no figuran los principales accionistas ni funcionarios de los bancos supuestamente beneficiados.
Por otra parte, Montealegre dijo que la reclasificación ocurrió mientras él fue jefe de campaña del entonces candidato Enrique Bolaños, y ya no estaba en el gobierno.
GRAN MEZCOLANZA
El fiscal especial del caso, Armando Juárez, explicó que los 39 acusados están en calidad de autores, coautores y cooperadores necesarios, de delitos contra la economía, la industria y el comercio, por un monto de 604 millones de dólares, así como por los delitos de fraude al Estado y tráfico de influencias.
Juárez dijo que la Fiscalía “tiene las pruebas” para demostrar que los acusados se valieron de sus cargos en el Gobierno o en las juntas liquidadoras o administradoras, para causar un perjuicio económico al Estado.
EL CEREBRO NO FUE MONTEALEGRE
Juárez calificó como los “cerebros” del escándalo de los Cenis a Noel Ramírez, Noel Sacasa y Esteban Duquestrada, porque según dijo fueron quienes idearon la estrategia para malversar las carteras y los bienes de los bancos quebrados y la desencadenaron a través de los nombramientos de las juntas administradoras y liquidadoras de los bancos quebrados.
Sobre el conflicto de interés que Montealegre denunció en contra suya, Juárez admitió que defendió al economista Francisco Mayorga, pero fue por la quiebra del Banco del Café y “lo que ahora investiga la Fiscalía son delitos cometidos posteriormente”.
La Oficina de Prensa de los Juzgados de Managua informó ayer que el expediente del caso ya está en manos del juez Arias y que el judicial se encuentra analizando el escrito.
El fiscal dijo que la lista de acusados no es definitiva, pues si encuentran pruebas contra otras personas, las van a acusar también.
