La titular de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) Ruth Selma Herrera, estaría tranquila ante las denuncias de supuesto nepotismo en su administración, debido a que la Contraloría General de la República prácticamente se declaró incapacitada para corroborar dichos señalamientos, aduciendo razones financieras.
Herrera, en declaraciones a Canal 8 de televisión brindadas el sábado por la tarde, aseguró que en Enacal no trabaja ningún pariente suyo, y calificó de “tonterías” las denuncias publicadas por LA PRENSA, haciendo referencia a las declaraciones que brindó el contralor colegiado Guillermo Argüello Poessy, quien mencionó que consideraba que la funcionaria era muy “inteligente” como para incurrir en actos irregulares como la contratación de familiares cercanos en cargos de confianza.
“Habría que analizarlo, porque yo dudo que doña Ruth Selma, que ha sido una mujer tan acuciosa, venga ahora a cometer una cosa tan infantil como contratar a alguien dentro de esa vinculación prohibida”, expresó Argüello Poessy a LA PRENSA, el pasado jueves.
“La Ley de Probidad establece en el Código Civil cuáles son las interpretaciones que hay con el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. El periodista tiene que irlo a conocer”, dijo Herrera en alusión a las denuncias periodísticas publicas por el Diario.
El experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez, consultado sobre el tema, explicó que la contratación de una sobrina carnal categóricamente era una violación a la Ley de Probidad de Funcionarios Públicos, ya que cabe en el rango del cuarto grado de consanguinidad.
“Definitivamente que en caso de ser así, tener a una sobrina carnal en un cargo en una empresa estatal que ella (Herrera) dirige, claramente violenta la Ley de Probidad de Funcionarios Públicos. Allí la ley es clara. En el caso de los sobrinos políticos no es así, porque en este caso se va más allá del segundo grado de afinidad, pero haciendo una reflexión, yo creo que no es ético estar jugando con los límites que establece la ley con tal de tener a un familiar o pariente en un puesto público. No es ilegal, pero me parece que tiene que ver más con la ética y la moral”, dijo Álvarez vía telefónica a LA PRENSA.