A la Fiscalía General de la República la “ahogó” el tiempo y no pudo acusar ayer por el caso de los Cenis, porque aún estaba realizando cambios de “última hora”, relacionados con la lista de personas que serán acusadas.
El fiscal especial del caso de los Cenis, Armando Juárez, había prometido acusar ayer a las 2:00 de la tarde, pero comunicó vía telefónica que no podría cumplir con lo anunciado y que para hoy por la mañana brindaría una conferencia para explicar el retraso.
De manera extraoficial se conoció que la Fiscalía está estudiando la exclusión de personas a las que tenía pensado acusar, entre ellos al ex presidente Enrique Bolaños.
Otros que podrían quedar excluidos son los directivos de los bancos adquirentes de los Cenis (Banpro y Bancentro), esto último supuestamente por órdenes directas de la Presidencia de la República.
Todavía existe incertidumbre en cuanto a la cantidad de personas que serán acusadas, que va de 41 a 43.
Los implicados serán acusados por delitos contra la economía, fraude y tráfico de influencias, según el grado de participación que la Fiscalía considera que tuvieron en los supuestos ilícitos que son castigados con penas de ocho a diez años de prisión.
SANTOS LE HUYE AL TEMA
El canciller la República, Samuel Santos, se mostró ayer cauteloso al referirse a la acusación que interpondrá la Fiscalía por el caso de los Cenis, por lo que al ser consultado sobre este tema dijo: “Dejemos que las investigaciones continúen su curso”.
Santos, quien formó parte de la directivas del Interbank, aseguró que éste se fue a la quiebra porque “tuvimos unas enormes pérdidas (financieras) de manera inconsulta”.
La quiebra del Interbank fue la que mayor pérdida causó al Estado de Nicaragua al dejar en el aire a miles de ahorrantes que tuvieron que ser rescatados.
Santos trató de justificar que en el caso de ese banco “ya se hizo una investigación, se hizo un juicio e incluso se llevó a una persona a la cárcel. No se olviden de ese detalle, que hubo personas en la cárcel y que después las sacaron”, dijo al referirse a Alex Centeno Roque, condenado a nueve años de prisión por estafa en perjuicio de la sociedad Servicios Marítimos y Navieros (Semar), y procesado además por la quiebra del Interbank.
Sin embargo, aparte de Centeno, quien ni siquiera cumplió la sentencia completa, no hay ningún otro directivo de Interbank preso (ni de ningún otro banco quebrado). La pérdida provocada sólo por Interbank fue de más de 250 millones de dólares
ÚLTIMA RENEGOCIACIÓN UN RELAJO TOTAL
Por su parte, el economista Néstor Avendaño cuestionó la legalidad de las decisiones tomadas por el presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, en torno a la renegociación de la deuda interna originada por las quiebras bancarias que supuso la emisión de Certificados Negociables de Inversión (Cenis) ahora llamados bonos bancarios.
“Le aconsejo al presidente del BCN (Antenor Rosales) que piense bien cualquier acción que haga unilateralmente para emitir nuevos títulos bancarios”, afirmó el economista.
Y no es para menos, el fiscal especial Armando Juárez recientemente hizo una seria advertencia a las actuales autoridades de esa entidad monetaria, en el sentido de que no descartan ampliar las investigaciones a las actuales autoridades económicas del país.
Esta situación pone en una posición difícil a los funcionarios de Gobierno, afirma el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, el liberal Francisco Aguirre, ya que según él, ningún funcionario querrá tomar decisiones que posteriormente serán utilizadas para meterlo preso.
Pero diferentes sectores cuestionan el mecanismo de formalización del acuerdo de renegociación de la deuda, ya que hacen faltan muchos requisitos por cumplir.
Las autoridades del actual Gobierno han repetido que esta deuda es una deuda del Gobierno con el Banco Central de Nicaragua.
Esto está soportado en los decretos que firmaron dos presidentes en momentos diferentes para respaldar las emisiones de Cenis que sirvieron para cubrir la brecha dejada por esta deuda. El 22 de noviembre del 2000 el presidente Arnoldo Alemán publicó en La Gaceta, número 224, el decreto en el cual orienta “instruir al ministro de Hacienda y Crédito Público a fin de que emita una garantía del Estado a favor del Banco Central de Nicaragua” para cubrir la deuda.
El 24 de septiembre del 2003 el presidente Enrique Bolaños publicó otro decreto en La Gaceta, número 190, en el que también orienta al ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre, para que “suscriba con el Banco Central de Nicaragua un convenio interinstitucional mediante el cual el Estado asuma formalmente la obligación de pagar al BCN los saldos deudores que resultaron de la liquidación de activos que las Juntas Liquidadoras han transferido o están en proceso de transferir”. Esto fue después de la primera renegociación de la deuda en el año 2003 y que amplió el plazo de pago de tres a 10 años y redujo los intereses de 14 al 8 por ciento .
El mecanismo en ese caso fue que el Gobierno, a través del BCN, iba a retirar los Cenis en poder de los bancos y luego hacer otra emisión con los nuevos montos y tasas de interés. Esta operación sería la formalización del acuerdo con los bancos, ya que el Gobierno, mediante una partida presupuestaria aprobada por la Asamblea Nacional, estaría honrando esta deuda con el BCN.
No obstante, estos mecanismos no han sido cumplidos en la actualidad, ya que primero el BCN se encuentra sin Consejo Directivo e incapaz de tomar medidas de este tipo, afirmó Néstor Avendaño.
Por otro lado, el presidente Daniel Ortega no ha emitido ningún decreto en el que se oriente al Ministerio de Hacienda para que formalice la deuda con el BCN.
Sobre esto último, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez reconoce que efectivamente la emisión de nuevos bonos tiene que ser aprobada por el Consejo Directivo de esa institución, pero esta situación “tengo entendido se resuelve dentro de poco tiempo”.
Agregó que esta negociación no necesariamente tiene que ser ratificada por un decreto presidencial, aunque desconoce cómo será el mecanismo para implementar el acuerdo entre el Gobierno y el BCN.
Para el diputado Aguirre, el envío de la propuesta de reforma presupuestaria realizado por el Presidente, en que se incluye la liberalización de recursos provenientes de esta reestructuración de deuda, es una ratificación de la negociación del BCN con los bancos tenedores de bonos bancarios.
No obstante, fuentes cercanas al BCN indicaron que la Asamblea Nacional aprobó una reforma presupuestaria que incluye estos recursos sin todavía tener aprobados todos los mecanismos que ratifiquen la renegociación y que incluso podría quedar en entredicho por las acciones que ha realizado la Fiscalía en estos días.
