Cuando se aprobó el Estatuto de Auto-nomía en 1987, en este se estableció claramente que el Gobierno de Nicaragua asignaría presupuesto suficiente para que los gobiernos regionales funcionaran adecuadamente. Lamentablemente, desde su aprobación hasta la fecha ningún gobierno ha asignado presupuesto suficiente para que estos operen, consiguiendo la peor parte la Región Autónoma del Atlántico Sur, aun cuando esta tiene mayor número poblacional que el Norte. Esto sumado a la incapacidad de los concejales de aprovechar lo que Ley de Autonomía y la Ley de Demarcación y Titulación de la Propiedad Comunal establece en materia de impuestos, los malos manejos, las denuncias de malversación de fondos, la corrupción de nuestras autoridades y el desinterés generalizado de la población en temáticas autonómicas, ha hecho a la autonomía presa fácil de partidos políticos, de empresas transnacionales y oportunistas (muchas veces con mayor visión que nuestras autoridades regionales) que sólo quieren conseguir concesiones en las Regiones Autónomas.
Según la Constitución Política de Nicaragua, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Hidrocarburos, corresponde a los Consejos Regionales aprobar las concesiones y los contratos de explotación racional de sus recursos naturales. En el 2005 el Gobierno otorgó concesiones a las empresas Infinity Inc., de Kansas y MKJ Explotaciones Internacionales S.A, de Louisiana, para investigar la posible existencia de petróleo en nuestro mar Caribe, contando sólo con la autorización de la junta directiva y no con la autorización del pleno de los consejos regionales, a como está establecido en la ley.
Lamentablemente y pese a las exigencias de la población, ninguno de los concejales regionales quiso recurrir de Amparo. Fueron jóvenes caribeños quienes recurrieron ante las autoridades correspondientes. En mayo del 2007 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio a lugar al amparo interpuesto, mandando a disolver los contratos y obligando a las empresas Infinity y MKJ a respetar los procedimientos legales establecidos para el régimen autonómico (sentencia histórica, ya que por primera vez una corte nacional amparaba los derechos de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas).
Este logro se vio opacado cuando en diciembre del 2007 los concejales de la Región Autónoma del Atlántico Sur, aprobaron en Corn Island el permiso para la exploración petrolera. Sesión que fue financiada por ambas petroleras, debido a que los consejos regionales no contaban con recursos económicos para realizar dicha sesión (práctica común, según admitió en un diario de circulación nacional).
Cabe destacar que esta propuesta fue aprobada de manera unánime por los concejales de todas las bancadas, (FSLN, YATAMA, PLC y ALN) sin tomar en consideración la opinión de las comunidades que podían ser afectadas, las cuales desde antes de la incorporación han vivido y sobrevivido de la pesca. Peor aún es el hecho de que la población en general desconozca los pormenores (garantías en caso de accidentes, beneficios si llega a encontrar petróleo en cantidades suficientes para su explotación, etc.) del contrato firmado entre las petroleras y el Instituto Nicaragüense de Energía.
Prácticas como esta denotan la necesidad de que las Regiones Autónomas trabajen en función de lograr una autonomía económica. No se puede ser autónomo si se depende de asignaciones presupuestarias no establecidas constitucionalmente. (Ejemplo el 6 por ciento de las universidades)
A mi parecer y ya para finalizar, lo que pasó con las concesiones petroleras denota una deficiencia seria en el liderazgo y la institucionalidad regional así como la falta de una visión estratégica de desarrollo que pueda ser compartida entre los pueblos de las Regiones Autónomas.
