Las fronteras de la región están siendo utilizadas para el tráfico ilegal tanto de drogas como de armas, sostuvo ayer el comisionado Ramón Llanes Escobar, de la Secretaría de Seguridad de Honduras.
Recordó el funcionario hondureño que “la delincuencia se ha transnacionalizado”, y se moviliza por los países de la región con suma facilidad, debido a que maneja grandes recursos en comparación a los presupuestos estatales de cada país.
“Definitivamente toda la región está siendo utilizada como paso ilícito de armas y droga, lo que trae consigo la violencia”, sostuvo Llanes.
El funcionario hondureño participó ayer en el primer encuentro centroamericano para el control y reducción de armas pequeñas y ligeras, impulsado por el Programa Centroamericano de Control de Armas Pequeñas y Ligeras (Casac, por sus siglas en inglés), junto al Programa de las Naciones Unidas (PNUD).
El encuentro tuvo como propósito armonizar acciones que contribuyan al control y reducción del tráfico ilícito de armas pequeñas y livianas, a fin de reducir la violencia armada en los países del área.
José F. González, representante de El Salvador, se mostró esperanzado en que los países del istmo puedan “contrarrestar todo tipo de delitos que puedan afectar las fronteras”.
Según dijo, en El Salvador han hecho reformas incluso al Código Penal, en el que se establece imposición de penas que van de tres a cinco años en la cárcel, para quienes portan armas de forma ilegal.
El programa Casac es coordinado por la ex inspectora de la Policía Nacional, comisionada general en retiro Eva Sacasa, quien señaló que con las armas de fuego se cometen lesiones, robo y violencia intrafamiliar, entre otros delitos. Pero considera que las estadísticas “hay que perfeccionarlas”, porque los diversos estudios que se presentan a nivel de Centroamérica no coinciden en la incidencia que tienen las armas de fuego en la violencia registrada en los países del área, por lo que trabajan en un diagnóstico sobre este tema.
Para Sacasa la ley de control de armas de Nicaragua aún tiene “algunas lagunas pequeñas”, aunque considera es la mejor de la región. Menciona que aunque en la ley se establece como requisito para portar armas, que el interesado no posea antecedentes, esto no es decisivo, pues hay personas que son violentas en sus casas y no aparecen en los archivos policiales. Indicó que en otros países se consulta al cónyuge del solicitante.
La Dirección de Armas de la Policía registra el caso de alguien que posee 76 armas de cacería.