La Directora General de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, presentó el miércoles de esta semana un informe ordinario, pero al mismo tiempo extraordinario, sobre las actividades y la situación actual de la institución policial de Nicaragua. Ordinario, decimos, porque dicho informe es parte de la rutina institucional de dar cuenta anualmente, sobre lo que hace la Policía en el cumplimiento de su mandato constitucional de “garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito…” Y extraordinario también, porque revela la notable labor que realiza la Policía a pesar de sus precarios recursos económicos, materiales y humanos.
Es preciso señalar que ha sido bajo el liderazgo de la primera comisionada Granera, que la Policía Nacional dio el salto de calidad que le ha permitido, para decirlo con sus propias palabras, “erguirse como un titán ante un crimen organizado transnacional con sus recursos limitados, golpeándolos con persistencia y contundencia…” Y precisamente porque trabaja con admirable eficacia a pesar de los limitados medios de que dispone y no obstante que sus miembros son los peor pagados, económicamente, de Centroamérica, es que la ciudadanía ha colocado a la Policía Nacional y personalmente a su Directora General, en los más altos índices de credibilidad, confianza y respeto social. Así lo demuestran la última encuesta de CID Gallup y la presencia en la sesión de clausura de la 17 Reunión de Mandos, el miércoles de esta semana, de personalidades tan representativas como son los miembros de la Conferencia Episcopal, líderes de Iglesias evangélicas y de las cámaras empresariales, así como el cuerpo diplomático acreditado en el país.
Es cierto que miembros de la Policía Nacional cometen errores y abusos en el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo la institución tiene capacidad autocrítica y voluntad de corrección, tal como lo demostró en su informe la primera comisionada Granera, quien señaló que el año pasado se recibieron 1,844 denuncias que involucraban a 2,995 policías. De esa cantidad de denuncias, explicó la comisionada Granera, 756 o sea el 41 por ciento resultaron positivas. Además, se comprobaron infracciones cometidas por 1,082 policías (11 por ciento del total de efectivos del cuerpo policial) y se impusieron sanciones, que fueron desde amonestaciones hasta bajas deshonrosas, en 228 casos.
Sin embargo y lamentablemente, al presidente Daniel Ortega parece molestarle el progreso profesional e institucional de la Policía. A todas luces él quiere obligarla a retroceder a la situación de los años ochenta, cuando usaba el nombre de Policía Sandinista y era un instrumento partidista, no una institución profesional. Ortega reveló en la clausura del evento policial del miércoles pasado, que ha decidido asumir el mando directo de la Policía Nacional, sin intermediación del Ministerio de Gobernación. Esto es un atropello flagrante a la Constitución que expresamente dice, en su artículo 97, que la Policía Nacional: “Estará sometida a la autoridad civil que será ejercida por el Presidente de la República a través del ministerio correspondiente”. La Constitución no dice que el Presidente podrá, a su criterio y discreción, ejercer el mando de la Policía directamente o por medio del ministerio correspondiente, sino que de manera taxativa e imperativa establece que “será ejercida” por medio de ese ministerio, el cual para todos los efectos legales e institucionales es el Ministerio de Gobernación.
En el caso del Ejército de Nicaragua, la Constitución dice en su artículo 95 que el Presidente de la República puede ejercer el mando directamente o por medio del ministerio correspondiente, o sea que puede optar entre una y otra modalidad. Pero en lo que se refiere a la Policía Nacional, la Constitución lo manda a ejercer su autoridad a través del Ministerio de Gobernación. De manera que la decisión de Daniel Ortega es un paso muy peligroso hacia la concentración de los poderes armados en sus manos y la restauración de la dictadura en Nicaragua.
Mientras tanto, los líderes de la oposición “democrática” se pelean por las casillas electorales; y los del PLC, con Arnoldo Alemán a la cabeza, siguen aferrados al pacto mediante el cual Daniel Ortega avanza paso a paso hacia la imposición de una nueva dictadura. Así estamos en esta desdichada Nicaragua.
