Las cinco mujeres de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) que impulsan una querella judicial contra el Director de LA PRENSA, Jaime Chamorro Cardenal y el Jefe de Redacción, Eduardo Enríquez, son movilizadas a los Juzgados capitalinos en una camioneta gris Nissan Frontier, placas M 067 153, la cual está vinculada a la Secretaría Departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La camioneta se encontraba aparcada en las afueras de la Secretaría Departamental del FSLN, ubicada en el reparto Bolonia, y al conocerse de la presencia del equipo periodístico de LA PRENSA, fue movida del lugar.
Previo a ello, un joven que se encontraba en la entrada de la Secretaría Departamental del Frente Sandinista, al observar que se realizaban fotografías a la camioneta, hizo una llamada telefónica y poco después apareció una patrulla.
El vehículo es utilizado por integrantes de los CPC que llevan el juicio contra Chamorro Cardenal y Enríquez.
A los tres minutos de la llamada, una patrulla de la Policía Nacional pasó dos veces por el lugar y los oficiales se limitaron a observar detenidamente el vehículo de LA PRENSA que esperaba al equipo que estaba en las instalaciones de la Secretaría Departamental.
El joven se retiró de las oficinas de la Secretaría con dos personas más, y al parecer con un celular tomó fotos de la camioneta de LA PRENSA, así como el número de la placa.
Se intentó entrevistar al secretario político de Managua, Elías Chévez, pero se nos manifestó que no se encontraba en sus oficinas en ese momento, y que cuando regresara se le comunicaría la solicitud, pero no devolvieron llamadas.
Este hecho hace evidente que la mano del FSLN está detrás de la querella por calumnias que está afectado sin fundamento a Chamorro y a Enríquez.
Las cinco mujeres que acusan a LA PRENSA por calumnia, tras una nota publicada en este Diario por la golpiza que la seguridad personal del presidente Daniel Ortega le propinó al periodista Jorge Loáisiga, aseguran que van hasta el final del proceso judicial.
Las querellantes son miembros de los controversiales CPC de Ortega y se identifican como Rosibel Lazo Pérez, María Nicolasa Pichardo, Marcia Auxiliadora Silva Marenco, Ana Lisbeth Villalobos Gutiérrez y Teresa del Socorro Muñoz.
Alegan que la publicación de LA PRENSA les ha causado perjuicios porque algunos vecinos las llaman “pandilleras”, pero no explicaron por qué no acusaron por calumnias a sus verdaderos difamadores, sino sólo la emprenden contra LA PRENSA, que en la publicación a las que ellas se refieren ni siquiera las menciona.
El juicio por la querella está programado para el próximo 28 de marzo, y la parte querellante ofreció como pruebas la publicación de LA PRENSA, pero no entregó indicios de que realmente se les llame pandilleras, ni los nombres de sus detractores.
Tampoco presentan escrito en el que LA PRENSA les ofenda con nombre y apellido, lo cual hace débiles sus argumentos, pero aún así el juez Octavo Local Penal de Managua, Celso Urbina, remitió a juicio a Chamorro Cardenal y a Enríquez, obviando una serie de vicios y nulidades que argumentó la defensora Helga Asher.
Asher, cuya estrategia será refutar las pruebas de la parte querellante, también presentará en el juicio un spot producido por el sandinista Canal 4 de televisión, en el que llama ladrones a Chamorro Cardenal y a LA PRENSA, por el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), aunque Chamorro Cardenal, LA PRENSA y menos Eduardo Enríquez han sido investigados o acusados por la Fiscalía de algún delito de hurto.
Según Asher, ese acto sí constituye un delito de injurias y calumnias, aunque Chamorro Cardenal ha expresado que no acusa a los CPC por razones obvias.
“Si yo tuviera una mínima confianza en el Poder Judicial, demandaría a doña Rosario Murillo como representante legal de los CPC, por injurias y calumnias, por todos los anuncios que patrocinan los CPC contra mi persona, que son falsos, injuriosos y calumniosos”, aseguró Chamorro en el pasado.
LA PRENSA también ha presentado recursos de apelación contra la denegación de una petición que el juez Urbina rechazó de forma anómala, así como en contra del rechazo de un incidente de nulidad en el cual el judicial no dejó que Helga Asher se desarrollara al exponerlo en la audiencia inicial del caso.
