El peligro regresó. Los campesinos de Los Jícaros A, un caserío de San Bartolo en la carretera a Montelimar, San Rafael del Sur, denunciaron que nuevamente la amenaza de desalojo pende sobre sus cabezas, luego haber sido señalados de usurpar una propiedad privada.
Los acusados niegan ser los usurpadores de más de dos mil manzanas que forman Los Jícaros A, y más bien delegaron a una comitiva que llegó ayer a las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Managua, en donde mostraron los documentos de asignación de propiedades o títulos supletorios entregados a los campesinos como una promesa de titulación oficial por parte de la Intendencia de la Propiedad. Los delegados también pidieron al Cenidh que actúe como garante de sus derechos.
“Ya nos han botado nuestras casas, y nos siguen queriendo sacar de las tierras donde hemos vivido desde hace más de cuarenta años”, se quejó Reina Cáceres, una de las acusadas de invadir la propiedad que ha habitado por más de cuatro décadas.
Faustino Pichardo Cáceres, de sesenta años, ya recibió una citatoria del fiscal Walter Centeno, de San Rafael del Sur, para enfrentar la denuncia de usurpación de propiedad que está siendo promovida por Ervin Leiva Urbina, quien se proclama propietario de las tierras en litigio.
Leiva Urbina ha sido señalado por desmovilizados como “socio” del ex convicto por quiebra bancaria, Alex Centeno Roque.
Este es el tercer intento de sacar a los campesinos, ya que, en el 2005 y 2007, las autoridades policiales los desalojaron. Tras varias resoluciones judiciales, los desalojados se volvieron a instalar en las mismas propiedades.
La propiedad en conflicto fue otorgada en parcelas de asignación por el Estado a desmovilizados del Ejército de Nicaragua que fueron beneficiados con 273 manzanas de tierra a través de un título de Reforma Agraria en 1989, tras los acuerdos de concertación. Otros de los campesinos que habitan Los Jícaros A fueron beneficiados con otras parcelas entregadas anteriormente por el Estado.
La propiedad está siendo disputada por el Estado y por Leiva Urbina, a través de una querella judicial en el Juzgado Cuarto de lo Civil. “El mayor problema es que la otra parte reclamante (Leiva Urbina) está usando mecanismos ilegales para perjudicar a los colonos”, dijo Norwin Solano, miembro del área de defensoría del Cenidh.
