Para aplicar el Cafta

Estados Unidos y otros cinco países socios concedieron este miércoles a Costa Rica siete meses más para implementar el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés), con lo que el plazo quedó extendido hasta el primero de octubre.

La prórroga, anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), permitirá a Costa Rica completar “los pasos legislativos y regulatorios necesarios para ser parte del DR-CAFTA”, dijo Susan Schwab, directora de USTR. El plazo vencía este fin de semana.

El DR-Cafta fue ratificado por el Congreso de Washington en el 2004.

El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y República Dominicana lo implementaron progresivamente, proceso que requirió varios meses.

Costa Rica, uno de los pioneros en la negociación, se quedó, sin embargo, al margen del proceso ante la resistencia de su legislatura a abrir algunos sectores económicos a la inversión extranjera.

El acuerdo fue finalmente aprobado en un referendo en octubre del 2007 y Costa Rica recibió un plazo inicial hasta el 29 de febrero, para hacer los ajustes que le adecuen a su nueva realidad comercial.

“Esperamos que Costa Rica complete su proceso de implementación antes de esa fecha”, dijo Schwab en una declaración escrita. “Esperamos que se una a sus socios centroamericanos y República Dominicana en el aprovechamiento de las oportunidades económicas”.

Indicó que Estados Unidos “continuará trabajando estrechamente con el Gobierno de Costa Rica para completar las medidas apropiadas de implementación”.

En San José, el presidente Oscar Arias expresó su esperanza de que pueda concretar el proceso en los siguientes tres meses y no siete, y pidió concentrar voluntades de todas las partes en el congreso nacional para “encontrar puntos que satisfagan a todos”.

El DR-Cafta ingresó a trámite legislativo en octubre del 2005, remitido por el entonces presidente Abel Pacheco, quien lo había firmado en el 2004.

Los proyectos que más polémica han provocado son los que buscan la apertura de los dos mayores monopolios estatales: el de telecomunicaciones (telefonía celular e Internet), en manos del Instituto de Electricidad, y el de seguros, que opera el Instituto Nacional de Seguros, ya que los opositores alegan que se trata de una privatización.