La aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en Nicaragua, el 16 de mayo 2007, cuya vigencia se hizo efectiva 180 días (seis meses) después de su publicación en La Gaceta —aproximadamente el 22 de diciembre del 2007— debería abrir un nuevo capítulo en la discusión del rol de la información para el desarrollo socioeconómico del país, en la que las y los bibliotecarios tenemos mucho que aportar. Con esta ley las discusiones —antes y después— se han concentrado en la transparencia de la gestión gubernamental, tan necesaria en un país donde desculturalmente sus funcionarios públicos se ven envueltos en escándalos por corrupción. Sin embargo, fuera de agenda ha estado la discusión sobre el acceso a la información (sus facilidades y sus obstáculos) que se produce en y sobre Nicaragua, misma que no está completamente sujeta a ninguna ley.
A pesar de que la responsabilidad le corresponde a la Biblioteca Nacional, en Nicaragua todavía no se ha establecido con firmeza el control de la bibliografía (materiales de información en distintos soportes físicos: papel, cintas, electrónicos) que el país produce. Se pensaba que la Ley de Depósito Legal (LDL) promulgada en 2001 y cuatro años después declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (Sentencia No. 16 del 31 de marzo del 2005) ayudaría con este propósito. Mientras la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) tiene por similitud con la inconstitucional Ley de Depósito Legal, en que se limita a un grupo de documentos en forma exclusiva: la LDL sólo a los materiales que se producían por imprenta considerados de Biblioteca, y la LAIP, sólo a la información estatal, considerada por muchos como material de archivo, pero que incluye también mucho material de biblioteca (informes de investigación, diagnósticos, propuestas, proyectos, etc.)
Sin embargo, la producción de información generalmente fundamentada en propósitos específicos, tendientes al desarrollo, individual o comunitario, así sea la economía, la salud, los recursos naturales, la recreación, etc., no sólo es generada por el Estado ni toda es reproducida en grandes cantidades y en imprenta. Por lo tanto, las dos leyes mencionadas dejan fuera de su influencia una gran cantidad de información que producen —por las mismas razones— la empresa privada, la sociedad civil, universidades, y muchas otras manifestaciones institucionales no estatales en la metrópoli y en cada uno de los municipios del país.
La falta de control bibliográfico le crea un conflicto al país. Como es sabido “— quien no conoce la historia está condenado a repetirla—” la posibilidad de repetir una investigación, o los errores que otros ya cometieron al tratar de darle solución a un problema en el pasado es más latente. La transferencia de tecnología y de respuestas a las necesidades que aquejan a una comunidad similares a las de donde ya se obtuvo respuesta y está registrada en documentos es, irremediablemente, nula sin la existencia de un control bibliográfico.
Pero esta afirmación, que muchos intentarán refutar con la mera existencia de Internet, por ejemplo, es sólo el enunciado del problema. Ninguna biblioteca, llámese nacional o que por su desarrollo y/o contenido de sus colecciones pretenden serlo (bibliotecas del Banco Central-BBCN y del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica IHNCA-UCA, por ejemplo) ofrece una cobertura nacional de la producción bibliográfica. Aun con todo el esfuerzo que han realizado con apoyo estatal, ninguna de estas tres bibliotecas poseen, y por lo tanto no pueden ofrecer, información histórica y/o corriente sobre cada municipio de Nicaragua.
Pero el problema es mayor porque, aunque cada municipio es productor de información generalmente no comercial (documentos distribuidos en pequeñas cantidades), en ninguno de ellos se localiza concentrada en un solo depósito o biblioteca, como es de esperar. La biblioteca pública, municipal o comunitaria, debería estar desempeñando este rol, pero en la práctica la necesidad de dar respuesta a las demandas escolares y la falta de apoyo institucional empezando por el bajo presupuesto de funcionamiento de las mismas, ha desviado su atención en el cumplimiento de esta función recopiladora y resguardadora de la producción bibliográfica local.
Sin embargo, al margen de esta situación, existen algunos esfuerzos tesoneros pero aislados —en tanto no tienen el cobijo de una política estatal— de historiadores personales o de instituciones que están construyendo la historia de sus municipios y/o regiones: Eddy Kuhl en Matagalpa, ADESO en Las Segovias, Maritza Vargas y Sergio Espinoza en Rivas con la revista Nicaraocalli, el Centro de Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica-CIDCA-UCA, el Centro de Historia de Managua de la Alcaldía capitalina, y otros pocos, que tienden a compilar y resguardar la información fuente sobre sus propias realidades.
