Los miembros de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur) y la Asociación de Bancos de Nicaragua (Asobanp) podrían perder más de 30 millones de dólares, debido a que cinco alcaldías y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) declararon estado de emergencia y veda no urbanizable al oriente de Managua.
La medida aplicada para proteger las reservas de agua potable para la capital y ciudades aledañas, tiene un impacto negativo a la economía y al mismo desarrollo habitacional, indicó Alfonso Silva, presidente de Cadur, al salir de una reunión con los miembros de Asobanp.
De acuerdo a Silva, la banca nacional tiene una inversión anual de unos 50 millones de dólares en créditos hipotecarios aplicados en proyectos de urbanización, de los cuales el ochenta por ciento, más de 30 millones, están invertidos en los 57.89 kilómetros cuadrados que están en veda no urbanizable.
“Esa inversión son miles de empleos, en una oferta de cuatro mil viviendas que se tienen en la misma zona del conflicto”, dijo Silva.
Asobanp y Cadur iniciaron una ronda para desestimar la medida de las municipalidades y de Enacal, y precisamente por eso, el próximo lunes 25 de febrero brindarán una conferencia de prensa para que Pedro Álvarez, especialista internacional en biorremediación de aguas contaminadas y plantas de tratamiento, defienda la viabilidad de las construcciones sobre zonas de reservas de agua.
EXAGERACIÓN
Junto a la queja de los empresarios privados, el diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Agustín Jarquín, calificó la veda como una “exageración”.
“Este acuerdo es de legalidad precaria, no enfoca adecuadamente el problema, es inaplicable y por el contrario agravará la problemática existente”, alegó Jarquín en una misiva pública.
El legislador también criticó que hasta la fecha, ninguna entidad ha aplicado las sanciones adecuadas por las infracciones cometidas por varios constructores.
MARENCO: “ES UN ASUNTO DE VIDA”
A pesar de la advertencia de los entes privados, el alcalde sandinista de Managua, Dionisio Marenco reiteró que la disposición municipal seguirá en pie.
“Los urbanizadores y banqueros son empresarios y tratan de defender su dinero, pero el día que estemos sin agua ni ellos van a poder hacer sus casas, por eso hay que proteger el agua a toda costa”, dijo Marenco.
El director de Urbanismo de la capital, Gerald Pentzke, explicó hace algunos días que la comuna ya empezó a realizar inspecciones en las urbanizaciones ubicadas sobre los campos de pozos de agua potable, para determinar las prácticas contaminantes.
Como parte de la jornada de revisión a las urbanizaciones, la comuna detectó que la urbanización Ríos de Agua Viva, en Sabana Grande Sur, no estaba aplicando un plan de tratamiento para las aguas negras.
En su momento, la presidenta ejecutiva de Enacal, Ruth Herrera, criticó los procedimientos ilegales de varias urbanizadoras en Managua, que han empezado sus construcciones sin contar con los permisos de ley.
“Hay urbanizaciones que están legales, pero ya detectamos que también hay casos en donde se les ha negado el permiso de construcción, y aun así, irresponsablemente hacen su gusto”, criticó Herrera, luego de haber firmado el estado de emergencia para la zona oriental de Managua.
La comuna ha estado en una férrea campaña para no permitir más construcciones verticales en las zonas vedadas, decisión que está basada en estudios científicos, consenso entre las autoridades de cuatro municipios, y antecedente de las urbanizadoras en el incumplimiento de las leyes ambientales, dijo a finales de esta semana el director del área de Medio Ambiente de Managua, Modesto Rojas.
