El juez Octavo Local Penal de Managua, Celso Urbina, se mostró más inflexible que las miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) que señalan a LA PRENSA por calumnias, ayer en la audiencia inicial que culminó con remisión a juicio oral y público.
La representante del Diario, Helga Asher, fue impedida de presentar un incidente de nulidad, porque el juez Urbina alegó que ya estaban resueltas una apelación y una recusación que hizo LA PRENSA en días anteriores.
“Ya me pronuncié sobre eso y no lo voy a repetir”, dijo el juez, cuando Asher le protestaba porque rechazó una apelación resolviendo el fondo de la misma, cuando sólo le competía ver si fue presentada en tiempo y forma de acuerdo al Código Procesal Penal (CPP), y remitirla a su superior.
La audiencia, programada para las 2:00 p.m. de ayer, empezó tarde porque las querellantes no se presentaron en tiempo, pero el juez las esperó a pesar de que Asher pidió se decretara el abandono por parte de las miembros de los CPC y su abogado, Eduardo Mejía.
Asher alega que el juez Urbina no ha hecho buen uso del Derecho, porque fue recusado para que no siguiera conociendo de esa causa, pero él ha insistido en seguir conociendo la misma. La recusación fue enviada a un Juzgado que no corresponde y aún no ha sido resuelta.
Luego se apeló de un auto dictado por el juez, en el cual aplica el Código Procesal Penal (CPP) para seguir conociendo de la causa, porque el Código se lo permite, pero no aplicó la Ley de Carrera Judicial que le obliga a separarse de inmediato cuando es recusado.
El juez rechazó la apelación y realizó la audiencia inicial ayer, en la cual envió a juicio por calumnias al ingeniero Jaime Chamorro Cardenal, Director de LA PRENSA, y a Eduardo Enríquez, Jefe de Redacción. El juicio está programado para el 28 de marzo.
Asher quiso incidentar de nulidad el rechazo de la apelación, pero el juez no se lo permitió.
“Prácticamente el juez me calló en dos oportunidades, entiendo que ya se evidencia demasiada parcialidad, demasiado interés, y me atrevería a decir que podría ser un ascenso del judicial que está conociendo esta causa, y eso no significa que lo estoy injuriando ni calumniando”, expresó Asher.
“Yo no soy abogado, pero sólo de oír y ver se ve que este juez no está impartiendo justicia sino que está siguiendo órdenes, no sé de quién, pero se ve obviamente. La parte querellante quiere arreglo, nosotros también, si hay arreglo habrá arreglo, pero con el juez yo no espero nada, ni siquiera hablaría pues, ¿para qué voy a hablar?”, manifestó el ingeniero Chamorro Cardenal.
En tanto Eduardo Enríquez indicó que: “A don Celso yo ni quise pedirle permiso para ir al baño, porque con todo lo que nos estaba negando, me iba a negar ir al baño también”.
Las querellantes alegan que su honor les fue lesionado y agredido por una nota publicada en LA PRENSA el 20 de diciembre pasado, cuyo título es “CPC con licencia para dar golpiza” y subtitulado “Pandilla actúa como seguridad de Ortega y para colmo la Policía dice que son colaboradores”, publicada después que el periodista de LA PRENSA, Jorge Loáisiga, fue agredido por la seguridad privada del presidente Daniel Ortega.
Según las afectadas, la nota las ha expuesto al ridículo porque sus vecinos les gritan pandilleras, tras la publicación de la noticia, pero su representante no quiso explicar por qué no acusaron también a las personas que las ofenden en su barrio.
Sobre el escrito de la querella, Asher expuso que presenta muchos errores, porque cuando lo presentaron no incluyeron documentación que las identificara como miembros de los CPC, y el escrito se refiere al término acusación, cuando se trata de una querella.
Pero el juez Urbina indicó que esos errores podían subsanarse y que las querellantes lo hicieron con escritos posteriores, obviando que el CPP establece que dichos errores provocan que el escrito sea rechazado inmediatamente.
También hacen solicitudes al juez basándose en artículos del CPP que no corresponden, como el 77, que es exclusivo para el Ministerio Público, o los artículos del 324 al 332, que se aplican para faltas penales y no para delitos de injurias y calumnias.
El juez programó una audiencia especial para resolver esos aspectos, para el jueves 28 de febrero.
ABREN NEGOCIACIÓN
Durante la audiencia, el juez dio 20 minutos para que las partes negociaran, porque las querellantes dijeron que no tenían interés en dañar a LA PRENSA, sino sólo salvaguardar el honor de ellas.
Enríquez dijo que también ellos están dispuestos a aclarar y acordaron fecha para reunirse.
“Me llamó la atención que la parte querellante es más flexible que el juez, hemos hablado con ellos y estamos caminando en una posible aclaración y espero que lo logremos, nosotros no queremos que estas señoras se sientan afectadas ni que sean, como según ellas dicen, víctimas de burlas en sus actividades como miembros de esa organización. Estamos abiertos a hacer una aclaración, se van a discutir los detalles, ellas han sido muy flexibles”, dijo Enríquez.
