La ley especial para el uso responsable del servicio público básico de energía, recibió ayer el consenso de todos los sectores para que no se apliquen sanciones de cárcel a los clientes que consumen menos de quinientos kilovatios al mes, pero sufrió el rechazo del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), en torno a la discrecionalidad que tendrán las cuadrillas para revisar los medidores a cualquier hora del día.
David Castillo, del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y Emilio Rappaccioli, ministro de Energía y Minas, dijeron que el sistema local de distribución pierde al año aproximadamente treinta millones de dólares en fraude, y sería “la ley de uso responsable” la que podría frenar esos abusos.
“El objetivo del Gobierno es aplicar medidas que sean efectivas, debidamente respaldadas en el contexto de una ley, que den más seguridad, para que aquellos que consumimos más de 500 kilovatios paguemos lo que consumimos”, dijo Rappaccioli.
La ley ha recibido críticas por establecer penas de cárcel de entre uno y cinco años a quienes se les descubra robando energía o a los técnicos que alteren los medidores.
Ayer, Rappaccioli y Castillo mantuvieron que esas sanciones no serán aplicadas a los consumidores de menos de quinientos kilovatios al mes, que en el sector domiciliar representan el 95 por ciento de los clientes.
Pero el diputado por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Enrique Sáenz, dijo: “No respaldaremos una ley en la que establezcan multas y si por ‘X’ o ‘Y’ razón no podés pagar la multa, pues te confiscan, porque te pueden embargar y ejecutar tus bienes por una multa”, comentó.
