Según las estadísticas oficiales, Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, o sea donde hay más seguridad pública y menos violencia social y delincuencia común. A pesar de que en los últimos tiempos en Nicaragua se han incrementado visiblemente los asaltos a mano armada, secuestros y otras formas de delincuencia común y del crimen organizado, en materia de seguridad pública el país sigue ubicado en una mejor posición que los otros países centroamericanos.
Sin embargo, lamentablemente no se puede decir lo mismo de la situación de seguridad jurídica que hay en el país. En este campo Nicaragua va a la zaga en Centroamérica, mientras los gobernantes no tienen deseo ni voluntad de recortar distancia ni de avanzar en la construcción de un respetable Estado de Derecho. Y lo más grave y alarmante es que la inseguridad jurídica ha venido aumentando desde enero del año pasado, cuando se instaló el nuevo gobierno sandinista de Daniel Ortega.
Tan grave es la situación de creciente inseguridad jurídica, que la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense (Amcham) se han visto obligadas a unir sus voces para dar a conocer un enérgico comunicado, que fue publicado el lunes de esta semana en LAPRENSA, en el cual los líderes empresariales llaman la atención ante “los serios daños a la institucionalidad, al Estado de Derecho y a la estabilidad económica del país y sus ciudadanos”, que están causando algunas acciones del Gobierno.
En su comunicado las cámaras empresariales no mencionan de manera expresa el caso de los Cenis. Pero es obvio que se refieren a este cuando hablan de medidas y acciones que “aumentan la inseguridad jurídica que vive el país y afectan la imagen de Nicaragua, limitando seriamente la inversión privada interna y externa… Deterioran la calificación de riesgo del país, restringiendo la oferta de crédito o encareciéndolo, provocando un aumento en las tasas de los préstamos, afectando negativamente la producción y el crecimiento económico… Afectan adversamente la credibilidad del Estado, dificultando la colocación de deuda por parte del Gobierno y del Banco Central, reduciendo la capacidad del Gobierno de honrar sus obligaciones mediante la emisión y colocación de títulos valores, y dislocando la capacidad del Banco Central para combatir eficazmente la inflación”.
El Presidente debería reflexionar sensatamente y atender el llamado de atención que le hacen los empresarios nicaragüenses. Ortega no ha querido hacer caso a las advertencias de los medios de comunicación independientes y la oposición democrática, de que va por un camino equivocado y muy peligroso para el país. Pero si las advertencias de los medios independientes y los políticos democráticos no le parecen importantes, entonces Ortega debería abrir el oído y el entendimiento al clamor de los empresarios. Todavía está a tiempo de rectificar; aún puede dejar el escabroso camino que sólo conduce al desastre, el cual arrastraría también, de manera inevitable, al mismo gobierno de Daniel Ortega y de su partido FSLN.
La experiencia de Nicaragua y de dimensión internacional enseña que un país sólo puede funcionar correctamente, cuando hay un marco legal que garantiza la vigencia y el desarrollo tanto de los derechos como de las obligaciones de todas las personas naturales y jurídicas. La seguridad jurídica significa que las personas naturales y las instituciones y empresas sólo hacen y dejan de hacer en virtud del marco legal y bajo el cuidado de jueces y magistrados que aplican la ley con independencia, imparcialidad y sentido de justicia, no en función de mezquinos intereses económicos o políticos, ni por la voluntad de ningún líder, caudillo, cacique y gobernante todo poderoso.
Cuando, en el año 2006, advertimos todo lo malo que podría ocurrir si Daniel Ortega volvía a ejercer la Presidencia de la República, muchos de los que ahora se lamentan no quisieron hacernos caso y menospreciaron nuestras advertencias. Pero ahora que se están cumpliendo aquellos pronósticos, nuestro deber es alertar que esta situación todavía puede ser peor y que el país podría volver a hundirse en el caos, si las medidas de corrección indispensables no son tomadas a tiempo. Antes de que sea muy tarde.
