La economía nacional podría estar resintiendo los efectos de la ayuda venezolana, pagando con una mayor cuota de inflación el precio de la llamada generosidad de la Alternativa Bolivariana para la Américas (Alba), ya que son recursos que están entrando sin control al país. El año pasado la inflación cerró en 16.88 por ciento, un nivel que no se veía desde 1998. Y en enero de este año se reportó una inflación del 1.23 por ciento, lo que podría indicar que nos encaminamos a una inflación acumulada de dos dígitos.
Néstor Avendaño, economista independiente, sostiene que la Contraloría General de la República tiene que supervisar los recursos provenientes del acuerdo petrolero.
“El problema es que no sabemos qué tipo de proyectos se van a financiar, si serán productivos, sociales o cualquier proyecto financiero”, afirmó, “son recursos que no están registrados”.
Asegura que si bien Albanisa es una empresa privada, su socio minoritario es Petronic.
Esto le da potestad a la CGR para supervisar el 25 por ciento que supuestamente le quedará al país por las operaciones petroleras.
200 MILLONES PARA PETRONIC
De acuerdo con el último ofrecimiento del gobierno de Venezuela, el país cubrirá la totalidad de los requerimientos de petróleo al año, es decir unos 10 millones de barriles comenzando en este 2008, lo que podría significar una factura de 800 millones de dólares.
Esto supone que el 25 por ciento será apoyo para proyectos sociales, es decir, que se destinarán unos 200 millones de dólares sólo en concepto de importación de petróleo.
No obstante sostiene que este dinero le quedará al Gobierno, ya que la factura petrolera la pagan los consumidores de los combustibles nacionales.
De forma que ese dinero puede quedar “circulando en la economía, con ese convenio que tiene esa empresa privada (Albanisa) establecida en Nicaragua” a disponibilidad del Gobierno que no ha definido el uso para esos recursos.
De esta forma, agrega Avendaño, no se estaría emitiendo dinero.
Esta cooperación (la factura petrolera) lo que está haciendo es generar “enriquecimiento de grupos empresariales del país, lo mismo que en Venezuela”, sostiene el economista, quien asegura que el Alba “está más oscura que la noche”.
PRESIÓN INFLACIONARIA
Por su parte el economista Mario Arana, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), sostiene que la cooperación desordenada de Venezuela podría provocar más inflación.
“Pareciera ser que hay algo adicional que está ocurriendo con los aumentos súbitos de demanda agregada del gasto que desconocemos su magnitud, me parece que eso tendría un impacto en la inflación”, afirma Arana.
Por su parte el también economista Alejandro Aráuz asegura que si bien la cooperación venezolana es “bastante generosa”, el Gobierno no la está aprovechando de la mejor manera.
Una forma de utilizarse es en inversión en infraestructura productiva, para mejorar las condiciones productivas del país.
Coincide en señalar que la forma en cómo se está utilizando más bien “se convierte en presión de la demanda agregada, y provoca inflación, porque soluciona demanda sin generar oferta, en el mercado”, explica.
Esto es que el flujo de cooperación está llegando desde el exterior sin que tenga soporte en la economía nacional. Es decir, podría haber más demanda que oferta, presionando el equilibrio del mercado.
MÁS DAÑO QUE EL AUMENTO A SECTORES SOCIALES
Edmundo Jarquín, ex candidato a la presidencia por el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), reconoce que la ayuda venezolana tiene un efecto inflacionario, ya que esta ayuda va normalmente a lo que se denomina gasto corriente “que nadie sabe hacia dónde va”.
Afirma que esta presión inflacionaria, que genera la ayuda venezolana, es mayor que la que se pudo generar si la Asamblea Nacional hubiese aprobado la propuesta del MRS, de incrementar en un 20 por ciento el salario a maestros, trabajadores de Salud, policías y soldados del Ejército.
Sostiene que esa ayuda puede tener un efecto positivo en la economía, si se utiliza de forma transparente.
Con ella, afirma, se puede crear un fondo financiero para otorgar créditos de fomento a los pequeños y medianos empresarios y productores del campo y la ciudad.
“Se puede utilizar para subsidiar el búnker para la generación de electricidad y para el transporte colectivo”, sostuvo Jarquín.
