La aprobación, la semana pasada, del Presupuesto General de la República para el presente año, fue calificada como charanga por este Diario debido a la repartición de dinero público a numerosos organismos civiles y religiosos que hicieron los 68 diputados que ratificaron la ley presupuestaria. Y esa calificación no podía ser más apropiada, pues según el Diccionario del Español Nicaragüense la palabra charanga tiene, precisamente, entre otros significados, el de “despilfarro económico o presupuestario”.
En realidad, tal como informó LA PRENSA en su edición del pasado jueves 14 de febrero, la mayoría de 68 diputados que aprobó el Presupuesto General de la República asignó 74 millones de córdobas, equivalentes a 3.7 millones de dólares, a numerosos organismos no gubernamentales y de interés privado. De algunos de esos organismos ni siquiera se tiene la certeza de que existen y funcionan, pero al parecer en ellos tienen un particular interés político y material muchos diputados, tanto del FSLN como de la oposición. De allí que según fuentes parlamentarias, la asignación de esas partidas presupuestarias para organismos civiles y religiosos que no forman parte del Gobierno ni del Estado, pero reciben financiamiento público, fue determinante para que el Presupuesto pudiera ser aprobado al gusto del presidente Daniel Ortega y del FSLN, sin las modificaciones que había anunciado el llamado Bloque contra la Dictadura. De manera que el compromiso público que asumieron más de cincuenta diputados de la oposición, de transparentar la cuantiosa cooperación venezolana —que este año se cifrará en más de 400 millones de dólares—, así como recortar los gastos presidenciales y asignar un mayor aumento salarial a maestros, médicos, policías y soldados, quedó como otra promesa política incumplida.
Por otra parte, entre los organismos religiosos y civiles beneficiados con las asignaciones presupuestarias, se encuentra la Universidad Católica de Nicaragua (Unica), del cardenal Miguel Obando; pero también figuran allí raras denominaciones como una tal Nica Speed, y hasta plazas de toros que pertenecen a dirigentes sandinistas, las cuales no tienen por qué ser financiadas con fondos del Estado.
En el caso de la Unica, que es una entidad de servicio público pero de naturaleza jurídica y administración privada, igual que la UAM, la UCC o cualquiera otra de esa misma condición, se dice que los 12 millones de córdobas que se le asignan es porque brinda capacitación a maestros del sector público. Pero si esto es cierto, ¿por qué ese servicio de entrenar maestros se compra y paga con fondos públicos sólo a una universidad privada y no a las demás? Y en todo caso, si realmente es necesario ese servicio que brinda la Unica, debería ser sometido a licitación pública, como se hace y se debe hacer con cualquier compra y venta de servicios para el Estado, licitación en la que participen todos los centros de educación superior privados que tengan interés en brindar la capacitación de maestros.
El objetivo del sistema de licitaciones para la compra de bienes y servicios al Estado es transparentar su funcionamiento y el gasto de los recursos públicos. Mediante las licitaciones se previene la corrupción, la cual es definida básicamente como “un conjunto de prácticas que desvían el comportamiento de las organizaciones públicas y de los funcionarios respecto de los fines que deben perseguir, haciéndolo, en cambio, en beneficio privado o de terceros y en perjuicio de las instituciones involucradas”. En ese sentido, la experiencia internacional ha demostrado que entre los mecanismos que más favorecen la corrupción se encuentran las irregularidades en la competencia de oferentes en las contrataciones y en el favoritismo en la selección de beneficiarios de los bienes y servicios adquiridos y pagados por el Estado.
De manera que es en beneficio de la nación que el servicio que la Unica le vende al Estado debería ser sometido a licitación pública. Además, la Asamblea Nacional y el Gobierno deben informar públicamente, y en detalle, cuáles son todos los organismos beneficiados con las asignaciones presupuestarias, a qué se dedican dichos organismos y con qué propósitos lo hacen, así como dar cuenta hasta del último centavo de los recursos públicos que reciben. Sólo así se podría desvanecer la percepción pública de que la aprobación y ejecución del Presupuesto General de la República es una vulgar charanga.
