Es muy difícil, por no decir imposible, creer que el juez sandinista que ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Banco Central de Nicaragua suspender el pago por los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), está actuando sin el consentimiento, autorización u orden del FSLN y del presidente Daniel Ortega, quien es también el secretario general de dicho partido. Este mismo juez fue filmado y entrevistado por periodistas de un canal de televisión cuando entraba y salía de la sede central del FSLN —que es al mismo tiempo el despacho presidencial y la residencia particular del presidente Ortega— y en esa ocasión reconoció sus afinidades políticas y vínculos partidistas.
Sin embargo, también pertenece al partido FSLN el presidente del Banco Central, doctor Antenor Rosales, quien ha desconocido y solicitado oficialmente que se revoque la orden judicial de suspender el pago de los Cenis, porque atenta contra el Estado de Derecho y la cual, agregamos nosotros, amenaza la estabilidad del sistema financiero nacional y empeora la credibilidad internacional del mismo gobierno sandinista de Daniel Ortega.
Según informó LA PRENSA el viernes pasado: “El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, reiteró que esta institución honrará el pago de la deuda interna originada por los Certificados Negociables de Inversión o bonos bancarios (Cenis), aún si el juez Quinto de Distrito de lo Penal, Julio César Arias, decide ordenar la suspensión de este pago”. Esta actitud del presidente del Banco Central es la que corresponde a un sensato funcionario público que carga con la mayor responsabilidad económica y financiera del Estado. Y por lo tanto esperamos que no sea, como temen algunos, sólo una maniobra concertada con la orden del juez Arias, de suspender el pago de los Cenis que fue aprobado e incluido hace unos días en el Presupuesto General de la República; maniobra que consistiría en que mientras el juez Arias ordena suspender el pago de los bonos bancarios , el presidente del Banco Central declara estar a favor de que se paguen, todo eso con el propósito de ejercer presión sobre los banqueros y obtener un pronto resultado, favorable al Gobierno, de la renegociación de los Cenis.
En todo caso, lo cierto es que si Nicaragua no paga sus obligaciones de deuda interna, como se comprometió en el acuerdo con el FMI que propuso el propio gobierno de Daniel Ortega , el país se hundiría más entre las naciones que no brindan confianza para invertir y hacer negocios, y podría perder unos 2 60 millones de dólares líquidos, en créditos del FMI y el programa internacional de apoyo presupuestario.
De acuerdo con otra versión, la contradicción entre funcionarios sandinistas con relación al pago o el no pago de los Cenis se debe a que hay dos líneas en el gobierno del presidente Daniel Ortega. Una, la de quienes no obstante ser personas de izquierda y miembros del FSLN, sin embargo son sensatas y responsables en el manejo de las finanzas públicas y el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales. Y la otra es la de los extremistas, a quienes no les importa arruinar la sanidad financiera y la estabilidad económica del país.
Pero, ¿cómo saber si estamos ante una simulación o frente a un choque de corrientes en el gobierno sandinista? En todo caso, es muy significativa la revelación que hizo el jueves pasado el vicepresidente sandinista de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Rafael Solís Cerda, de que la orden de suspender el pago de los Cenis hay que verla como una presión para aligerar un acuerdo con los banqueros, que le permita al Estado una buena renegociación de los bonos bancarios y apoderarse de una parte de las acciones de los bancos. O sea que quieren impulsar una especie de reestatización de la banca, al menos de manera parcial porque la Constitución no permite (artículo 99) la nacionalización y estatización total del sistema financiero nacional.
Con esos turbios procedimientos los sandinistas están amenazando la estabilidad del sistema financiero nacional. Como dijo el empresario Juan Álvaro Munguía, “los Cenis representan depósitos de los nicaragüenses, no son ganancias de los bancos”, de modo que este juego gubernamental puede causar un grave daño a la confianza en el sistema bancario.
Los ultras del Gobierno y del FSLN están jugando con fuego, pero no es sólo su casa la que quieren quemar, sino todo el país.
