El tema de la concertación ha vuelto nuevamente a la atención de la opinión pública nicaragüense, a raíz, esta vez, de las dos páginas publicadas en los periódicos por el General Humberto Ortega Saavedra en ocasión de las conmemoraciones del trigésimo aniversario del asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.
Sin poner en duda la buena intención de quien la plantea ni la necesidad de la concertación, mal podría hacerlo yo si una parte considerable de mi actividad y mis escritos han estado referidos a ese tema desde hace casi veinte años, creo oportuno, no obstante, formular algunas consideraciones que permitan precisar el porqué y para qué, la causa y el propósito de esa actividad.
Aunque en las dos páginas publicadas en los medios escritos del país queda claro que la iniciativa corresponde únicamente a quien la suscribe, han surgido, sin embargo, en diferentes sectores, las preguntas acerca de si esa propuesta no contiene ya el conocimiento y aceptación del Presidente de la República, en cuyo caso sería una forma mediante la cual éste lanzaría la idea sin comprometerse directamente con ella, sobre todo cuando no hace mucho tiempo descalificó cualquier posibilidad de diálogo con la oposición.
Si eso no fuese así, surge como hipótesis su opuesto, es decir la posibilidad de que no exista comunicación apropiada para esos fines entre el General y el Presidente, y que sea ésta una forma de tender un puente a este último ante las serias tensiones que han afectado y afectan al país y ante las posibilidades que las dificultades se acentúen para el Gobierno, sobre todo si se toma en consideración la situación no muy remota de que la economía se deteriore aun más, que la inflación aumente, el crecimiento económico se estanque, la inversión disminuya, crezcan la pobreza y el desempleo, se incremente el costo de la vida, se agudicen los problemas en las áreas de salud y educación, disminuya el salario real y el poder adquisitivo de la moneda, todo ello con particular impacto negativo en los sectores más necesitados del país.
Pero las interrogantes no se agotan en el origen e intención de la propuesta, en el porqué, sino que se dirigen también al propósito y objetivo de la misma, es decir, al para qué de ella. En este sentido habría que indicar primero lo que la concertación no debe ser, para definir luego en qué debe consistir, una vez que se hayan excluido todos aquellos elementos que pueden distorsionar sus propósitos y ocultar ante la apariencia de la búsqueda de un acuerdo estratégico, las verdaderas intenciones de formular un nuevo pacto de cúpulas para repartirse el poder.
Es ahí donde surgen las sombras que oscurecen y las dudas que inquietan, pues es muy difícil no pensar que pudiera aprovecharse la necesidad legítima de la concertación para fraguar una nueva conspiración contra el pueblo en nombre del pueblo, un nuevo pacto de cúpulas entre dos o más organizaciones políticas, a raíz de los próximos nombramientos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o buscar una negociación a tres bandas en la que los grandes temas a concertar sean la reelección, la amnistía y los Cenis. O llegar a acuerdos que neutralicen las posibilidades de unidad de la oposición ante las próximas elecciones municipales de noviembre de este año. En todo caso, podría ser que el Gobierno haya comprendido que el grado de unidad de la oposición ha sido determinado, principalmente por la actitud del Presidente de la República, cuya actuación ha generado el temor, y quizás la convicción, de que se está construyendo un poder autoritario y autocrático ante el cual la unión de la oposición se ha constituido en un mecanismo de defensa.
Pero bien, aunque es obligación, sobre todo por la experiencia padecida a lo largo y ancho de nuestra historia, analizar posibilidades y eventuales intenciones, no debemos sin embargo desechar por eso la idea de la concertación. Lo que hay que hacer es establecer con claridad las premisas básicas necesarias para que una concertación tenga sentido. Entre estas, el respeto a la legalidad, la transparencia y el alejamiento de actitudes confrontativas. Además, deben precisarse los fines de esta concertación que no son otros que el fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a la legalidad e institucionalidad, la independencia de poderes, la subordinación del poder a la ley, la seguridad y estabilidad jurídicas, la no reelección y alternabilidad en el poder, la democratización de los partidos políticos, entre otros objetivos referidos a la concertación jurídica, política e institucional.
En lo que concierne al otro eje fundamental, el económico y social, hay que tener en cuenta como aspectos prioritarios, el combate a la pobreza, la generación de empleo productivo, el fortalecimiento de la salud y de la educación, la solución estable e integral del problema energético, la atención a programas de vivienda y alimentación, para todo lo cual se deben formular y desarrollar políticas económicas que prioricen la actividad productiva, la inversión y la cooperación internacional, sin comprometer la soberanía, la dignidad y la seguridad del país.
Hay que estar conscientes que ambas líneas de acción son necesariamente complementarias. No hay posibilidad de desarrollo económico y social, sin Estado de Derecho y consolidación de la legalidad y de las instituciones. Ni puede haber verdadera estabilidad institucional, ni seguridad jurídica, ni democracia, en un país sumergido en la indigencia y la injusticia social. La concertación debe tener por finalidad alcanzar ambos objetivos, estructurar planes de mediano y largo plazo como proyectos, no de gobiernos providenciales y mesiánicos, sino de Estado Nación en cuya construcción participen el Gobierno, las fuerzas políticas y los diferentes sectores que componen la ciudadanía y la sociedad civil.
