Una vez más surge el proyecto de amnistía promovido por los diputados liberales y otra vez con la mayor vehemencia, y por convicción, debemos oponernos todos los que estamos a favor de la decencia, la honradez y los valores éticos y morales que desafortunadamente se han perdido en este país.
Amnistía viene de la palabra amnesia y quiere decir olvido y extinción de la pena establecida por los delitos políticos cometidos y comunes conexos. En 1961 se creó una organización llamada Amnistía Internacional, con el exclusivo propósito de defender a los perseguidos y encarcelados por motivos políticos, religiosos o raciales. Amnistía Internacional tiene su sede en Londres y fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1977.
Por definición, no existe ninguna base jurídica para una amnistía. El sólo hecho de presentar, ya no digamos aprobar este proyecto, que en realidad es un proyecto de impunidad disfrazado de amnistía, representa además de una aberración jurídica, un acto de injusticia y de burla para todo el pueblo nicaragüense; puesto que el lavado de dinero, la malversación del erario, el peculado y el enriquecimiento ilícito, no son delitos políticos. Son delitos comunes cometidos en contra de los intereses del Estado y de la población, especialmente de la más desprotegida y empobrecida.
Desconozco el texto del actual anteproyecto, pero presumo que debe ser similar al anterior de hace un poco más de dos años, ya que son los mismos promotores y que no se atrevieron a presentar en aquella oportunidad, por no tener los votos necesarios para su aprobación. En la exposición de motivos decían los diputados firmantes de esa época, “la Amnistía es un acto inspirado en razones sociales y que se funda en razones de diversas índoles, que van desde el interés común, hasta llevar paz y coexistencia pacífica de todos sus ciudadanos”.
El texto del burdo e irrespetuoso decreto para todos nosotros los ciudadanos de este país, en su parte más relevante expresaba: “Se decreta, otorga y concede amplia e incondicional amnistía a favor de las autoridades, funcionarios y empleados públicos actuales, así como ex autoridades, ex funcionarios y ex empleados de la administración pública y de los poderes del Estado, de cualquier categoría, rango o jerarquía que fuere, involucrados como autores y/o partícipes en los delitos siguientes: fraude, malversación de caudales públicos, peculado, lavado de dinero y los contemplados en la Ley Electoral”.
No salgo de mi asombro al observar cómo pueden, sin ningún rubor en la cara, los diputados liberales, no sólo del PLC sino también algunos de la ALN-PC a los cuales he escuchado adherirse a tan infame proyecto, pretender torpemente engañarnos diciendo que el proyecto en mención está sustentado e inspirado en razones sociales, humanitarias y de interés común; cuando lo robado, lo malversado, el fraude y el peculado cometido, así como el lavado de dinero, que suma más de cien millones de dólares, fue para los acusados o condenados y no para el bien común de la población; dinero con el cual se pudieron haber construido muchas obras de interés social, como hospitales, escuelas, viviendas para la gente más empobrecida, o bien haber llevado los servicios públicos a comunidades rurales urgentemente necesitadas de los mismos.
Sería una vergüenza nacional y una acción más al culto de los antivalores practicado por la mayoría de la clase política, que sean beneficiados y queden impunes quienes han actuado con dolo en contra del Estado Nicaragüense y su población. Políticos y funcionarios que fueron juzgados, y otros que podrían ser juzgados, no por delitos políticos sino por delitos comunes que deberían ser calificados y tipificados como delitos de lesa patria y no prescribir nunca.
Además de los criterios expresados, la aprobación de este proyecto de impunidad disfrazado de “amnistía” representa un pésimo y negativo precedente; ya que funcionarios públicos y políticos corruptos se verían estimulados a seguir cometiendo delitos similares de corrupción en la administración pública, ante la posibilidad siempre existente de una “amnistía”.
Decía San Juan Crisóstomo, que “cuando los malos son castigados, los demás se vuelven mejores”. También decía San Pablo, que “al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. Al bien se le persigue y se trata de aniquilarlo, y al mal se le enaltece y se le aplaude”.
Por favor señores diputados, no sigan aplaudiendo y enalteciendo el mal de la corrupción.
