Muchos abogan hoy por una amnistía que cubra los delitos comunes cometidos por los servidores públicos. La insistencia se explica, parcialmente, por la irritación que ha producido la forma con que Daniel Ortega ha usado a los tribunales como herramientas de chantaje. Algunos de los proponentes de la amnistía, conscientes que vendría a perdonar delitos cometidos por Alemán, la justifican como un mal menor, capaz de neutralizar las maniobras del presidente y de echar un manto protector sobre personas susceptibles de ser enjuiciadas, como Eduardo Montealegre y Enrique Bolaños.
Conviene entonces analizar la amnistía propuesta, desde el ángulo de su moralidad o ética, para sopesarlo con el de su conveniencia práctica. Desde el primer punto de vista, el problema más grave es la obvia injusticia que implica olvidar robos contra el erario público. Si Pedro le roba a Juan cien pesos, es injusto ordenarle a Juan que se olvide del hecho y deje que Pedro gaste felizmente los reales que le arrebató. Juan tiene derecho a ser resarcido. Quien se opone a hacerlo se vuelve cómplice del ladrón. En el caso de los servidores públicos, no sancionar a los culpables, y negarle al pueblo su derecho a ser resarcido, es equivalente a un acto de defraudación colectiva contra toda la nación.
El otro principio universal de justicia, vulnerado por la amnistía propuesta, es el de la aplicación igualitaria de la ley. Si es injusto, no perseguir un robo, es peor aún, cuando a la par se castiga a otros por robos similares, o menores. No tiene sentido que Pedro, ciudadano político, sea perdonado por un millón que robó al Estado, pero que Juan, ciudadano corriente, quede castigado por mil que robó a su vecino. ¿No es acaso injusto que se perdone al funcionario público que defraudó al pueblo, y continúe preso el cajero que defraudó a su patrón en un negocio privado? ¿Qué corona tiene el primero? ¿Acaso no tiene más bien el agravante de haber sido depositario de la confianza de toda la nación? El funcionario ladrón debería, en justicia, ser castigado con mucha mayor severidad que el particular ladrón.
El robo del erario es uno de los delitos más odiosos y dañinos. Más aún en una nación menesterosa. El dinero sustraído al Estado es arrebatado directamente de los bolsillos de los más pobres. Ejemplo: La subutilizada carretera de cinco millones de dólares, que Alemán construyó para conectar su hacienda El Chile, privó a miles de campesinos de los beneficios que ese mismo monto hubiese podido traerles en caminos de penetración. Hechos como este son abusos del poder que claman al cielo y que empobrecen a los pueblos. De acuerdo a multitud de estudios, la corrupción gubernamental es una de las principales causas de subdesarrollo. Quienes la practican, fomentan o apañan, deberían cosechar el repudio indignado de todo ciudadano decente.
Otro grave problema de la amnistía es el fomento de la impunidad. Uno de los objetivos primarios de castigar los delitos es educar. La severidad de la pena señala a los ciudadanos lo inaceptable que es la conducta castigada. Dejar en la impunidad hechos graves comunica el mensaje opuesto; subvierte el orden moral, invita a repetir las mismas conductas y fomenta el cinismo.
¿Podrían ser tales los beneficios de una amnistía, que compensen su alto costo moral? Respecto al supuesto efecto reconciliador, la verdad es que no estamos en guerra, y que lo eficaz para reconciliar las tensiones presentes no sería dejar impune el delito, sino sentar a dialogar al presidente, con todos los sectores, a fin de fraguar un consenso nacional. La amnistía tampoco sería saludable para la unidad de las fuerzas opositoras. Más bien oxigenaría a Alemán, quien volvería por sus fueros perdidos a tratar de liderar el liberalismo y arrinconar a la ALN. Nada garantizaría que Arnoldo no seguiría pactando y concediendo a Ortega beneficios. Recordemos que la concesión mayor que llevó a este al poder, la del 35 por ciento, se la obsequió Alemán siendo presidente.
Es triste y fútil, por otra parte, buscar la protección legal de Eduardo Montealegre torpedeando la justicia y avalando la inmoralidad. Tampoco hay garantía que Ortega, quien controla al sistema judicial—por obra y gracia de Alemán—no volverá a usar su influencia para incoar nuevas causas contra sus rivales. La forma de defenderse no es torciendo leyes y sacrificando principios, sino resistir virilmente, en las calles o en la prisión, como lo han hecho quienes han cambiado la historia.
