La juez Décimo Distrito de lo Penal de Juicio de Managua, Ana Julia Molina, acató una disposición de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de suspender juicio en contra del ex Ministro de Transporte e Infraestructura, Pedro Solórzano, pero no levantó las medidas cautelares que le impuso al procesado, quien recurrió de amparo.
El abogado defensor de Solórzano, Mario Borge, considera que la actuación de la judicial es anómala y ya envió una especie de queja a la CSJ, en contra de la juez Molina, para que se revise el caso.
La resolución de la CSJ ordena suspender el juicio, pero no se pronuncia sobre las medidas cautelares.
Solórzano es señalado, por la Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGR), por el delito de malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado, junto a los ex viceministros de Transporte, Jorge Hayn Vogl y Fausto Carcabelos y el ex secretario general del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Alejandro Ríos Castellón.
TODOS AMPARADOS
Todos los acusados recurrieron de amparo porque, según explicó el abogado Heberto Orozco, la Contraloría General de la República (CGR) hizo una investigación administrativa y nunca llamó a declarar a los ex funcionarios del MTI para conocer la versión de ellos.
Según la Fiscalía, el perjuicio causado al país es de 911,210 córdobas. La acusación relata que los ex funcionarios hicieron mal uso del dinero del Estado al utilizarlo para asuntos ajenos a las funciones de ese ministerio.
Solórzano se encuentra bajo medidas alternas a la prisión preventiva, como la presentación periódica a los juzgados, la restricción migratoria y pagó una caución económica de 70 mil córdobas, todo eso como garantía de que se someterá al proceso.
Pero Mario Borge asegura que la juez Molina debe levantar esas restricciones a su representado y ordenar que se le devuelva el dinero.
SOLÓRZANO AFECTADO
Según Borge, Solórzano es un empresario y las medidas cautelares le están causando mucho daño, puesto que no puede salir del país.
Pero no sólo Solórzano tiene medidas restrictivas, sino también todos los demás acusados, según determina la juez Molina en su resolución tras el mandato de la CSJ, hasta que se resuelva el fondo de los recursos de amparo que presentaron los procesados.
“(La juez) suspende el proceso, pero de una manera olímpica, de una manera fuera de toda legalidad desacata, entra en desobediencia, en rebeldía en contra de la Corte Suprema de Justicia, ordenando que se suspenda el proceso, pero que se mantengan los efectos de las medidas cautelares”, manifestó Borge.
El abogado indicó que si la situación persiste en contra de Solórzano, recurrirá ante el Tribunal de Centroamérica, para que intervenga en el caso.
RESOLUCIÓN DE CGR
En marzo del pasado año 2007, la Contraloría General de la República (CGR) determinó presunción de responsabilidad penal a Solórzano junto a los demás acusados, porque supuestamente habrían utilizado más de 911 mil córdobas que estaban destinados a proyectos de construcción y mejoramiento de caminos y carreteras, en el pago de servicios de publicidad que no fueron brindados, así como en becas a particulares.
A Solórzano se le adjudica el mal uso de 643 mil córdobas correspondientes a pagos por supuestos contratos por servicios de publicidad que no se realizaron. En tanto a José Alejandro Ríos Castellón le achacan el mal uso de 67,800 córdobas en publicidad del ex presidente Enrique Bolaños.
La responsabilidad penal se extendió al también ex ministro Hayn Vogl por el pago de “becas sin sentido” otorgadas a particulares y empleados del MTI. Así como a Fausto Carcabelos por la suma de 49,418 córdobas.
