publicidad

Las investigaciones del caso En septiembre del 2006, la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una denuncia en la Fiscalía contra varios ex funcionarios de la estatal empresa Correos de Nicaragua, por supuesta malversación de fondos públicos hasta por casi un millón de dólares. Una auditoría interna hecha en el 2003 en Correos de Nicaragua, reveló que esa empresa fue “desangrada” por casi un millón de dólares en pagos de “bonos de eficiencia” a una serie de empleados que laboraron en el período de 1997 hasta comienzos del 2002. El caso está referido a una “cuenta confidencial” que manejaban el ex presidente ejecutivo de Correos de Nicaragua, Pablo Ubilla Gasteazoro; la ex gerente administrativa, Karla Hernández; José Ernesto González, y José Denis Valdez, en forma secreta y de la cual supuestamente se lucraban. En ese mismo mes de septiembre del 2006, LA PRENSA intentó obtener una versión de Ubilla, pero en su casa en Chinandega dijeron que no se encontraba. En julio del año 2007, LA PRENSA trató nuevamente de contactar a Ubilla, pero no contestó su teléfono celular. El mecanismo que supuestamente utilizaron fue cerrar una cuenta en el Banco de Finanzas y abrir, con los fondos de la cuenta cerrada, otra cuenta en el Banco de América Central. La cuenta confidencial en el BAC era alimentada con fondos de otras cuentas de Correos en el Banco Mercantil y Banco de Crédito Centroamericano, mismas que recibían los pagos de las diferentes administraciones postales internacionales. El dinero era así desviado, supuestamente, para beneficio personal de algunos funcionarios de Correos de Nicaragua. El documento fue remitido a la Contraloría General de la República, adjunto a una denuncia de los sindicatos de dicha institución en el 2003. Jorge Loáisiga Mayorga

Todo está listo para que hoy Alejandro Moncada Castillo, ex Gerente de Servicios de Correos de Nicaragua, sea enjuiciado por el perjuicio económico de 890 mil 691.15 dólares que sufrió esa entidad estatal, entre los años de 1997 y 2003.

La Fiscalía acusa a Moncada Castillo por el delito de peculado en el grado de cómplice, mientras la Procuraduría General de la República (PGR), representante legal del Estado de Nicaragua, señala a Moncada Castillo como coautor del delito de fraude en perjuicio del Estado.

El acusado se defiende alegando que no era funcionario de alta jerarquía y por lo tanto no tenía poder de decisión sobre los bienes de Correos.

Inicialmente, Moncada Castillo fue acusado junto a otros ex funcionarios de Correos, entre ellos los ex directores Pablo Ubilla Gasteazoro y Alejandro Fiallos Navarro.

Pero Ubilla y otros nueve procesados están amparados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mientras que Fiallos Navarro se encuentra prófugo y alega que no se somete al proceso porque se trata de un juicio político en su contra.

Durante la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía, PGR y el defensor, Ramón Rojas, se pusieron de acuerdo para evacuar sólo aquellas pruebas que involucren en el caso a Moncada Castillo.

La juez Sexto de Distrito de lo Penal de Juicio de Managua, Ingrid Lazo, también resolvió dejar por fuera las pruebas repetitivas, como la declaración del testigo Julián Molina y también la de una persona ya fallecida.

Al inicio del proceso, en agosto de este año, Moncada se encontraba fuera del país, pero regresó a raíz de que la juez Gertrudis Arias dictó orden de captura en su contra.

A través de su abogado de ese momento, Élder Aguilar, el acusado se declaró pobre y desempleado, pero aún así la juez suplente Sexto de Distrito de lo Penal de Audiencia, María José Arauz, le impuso una caución económica de cinco mil córdobas, le restringió la salida del país y debe presentarse todos los lunes y los viernes al Juzgado, mientras dure el proceso.

De esa forma Moncada se salvó de ir a la cárcel, pero de los 12 acusados sólo él enfrentará juicio oral y público, mientras la CSJ no resuelva el fondo de los amparos de los demás procesados.

La juez Gertrudis Arias también ordenó la captura de Alejandro Fiallos Navarro, quien según él mismo se encuentra en Estados Unidos, y por ello la juez Arias mandó un oficio a la Interpol para que fuese detenido en cualquier parte del mundo donde sea localizado.

Pero el fiscal Arnulfo López indicó que la Interpol no ha enviado notificación de que haya logrado la captura de Fiallos.

Por este caso Fiallos dijo que recurriría ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque considera que el caso está siendo utilizado como un instrumento de venganza política, por ser opositor al Gobierno de turno.