La Asamblea Nacional aprobará esta semana el Presupuesto General de la República para el año 2008, justamente antes de que llegue al país una misión del FMI, que verificará si el Gobierno está cumpliendo el acuerdo económico que contrajo con dicho organismo financiero internacional, para que Nicaragua pueda seguir siendo sujeto de ayuda y crédito multilateral.
Este presupuesto debió ser aprobado en diciembre del 2007, pero la crisis institucional que paralizó al Poder Legislativo a fines del año pasado impidió que se aprobara. Sin embargo, la misma Ley de Régimen Presupuestario que “obliga” a la Asamblea Nacional a aprobar el presupuesto a más tardar el 15 de diciembre del año anterior, también le permite aprobarlo en el curso de los primeros tres meses del siguiente año, y entre tanto, se ejecuta provisionalmente el proyecto del Poder Ejecutivo.
Ahora bien, el debate sobre el presupuesto ha girado alrededor de tres puntos fundamentales: uno, la demanda opositora de que la cooperación venezolana se incluyera en la Ley Anual del Presupuesto; dos, que el financiamiento de la sede central del FSLN, que es también residencia de Ortega, no se encubra en los gastos de la Presidencia de la República; y tres, el aumento salarial en el sector público, o más bien el monto de dicho aumento. Y a juzgar por el dictamen sobre el presupuesto que la Asamblea Nacional votará esta semana, el presidente Ortega y el FSLN persuadieron a la oposición, o se impusieron a ella, salvo al MRS, prácticamente en los tres puntos de discordia sobre el presupuesto, el cual será aprobado tal como lo presentó el Ejecutivo con algunas modificaciones insustanciales.
En cuanto al aumento salarial para el sector público, el porcentaje consensuado en el presupuesto es el 12 por ciento, supuestamente el máximo aceptado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el camino quedó la exigencia del llamado Bloque contra la Dictadura, de que dicho incremento salarial fuera del 20 por ciento, la cual finalmente quedó sostenida sólo por el MRS. Y como consuelo para los trabajadores del sector público, se estableció que el aumento podría subir, posteriormente, al 16 por ciento, aprovechando los fondos que queden disponibles para el Gobierno por la renegociación del pago de la deuda pública con la banca nacional.
Paradójicamente, los sandinistas que con frecuencia montaban paros laborales y provocaban violencia callejera contra los “gobiernos neoliberales” que según ellos estaban sometidos al Fondo Monetario Internacional, ahora son fervientes defensores de la política fondo monetarista, de no aumentar los salarios más allá de lo que permite la real situación económica del país. Obviamente, no es lo mismo estar en la oposición y practicarla de manera irresponsable, como hizo el FSLN desde 1990 hasta 2006, que tener la responsabilidad de gobernar el país incluso con un discurso populista como el de Daniel Ortega.
Lo cierto es que no sólo los trabajadores del sector público, sino también los de la empresa privada, necesitan aumentos de salarios para enfrentar la inflación que ya el año pasado fue del 16 por ciento y este año es muy probable que sea peor. Pero el aumento de los salarios no resuelve y ni siquiera alivia el problema del escaso poder adquisitivo de los trabajadores, si la productividad y la producción nacional no se incrementan también al menos en la misma proporción.
La inflación es un impuesto, de hecho, que genera el Gobierno y se lo cobra a quienes tienen ingresos fijos que no aumentan al mismo ritmo que los precios. Si el Gobierno no recibe suficientes ingresos para cubrir los aumentos salariales, obligatoriamente tendrá que imprimir más dinero sin respaldo; y aunque tuviera más ingresos, por ejemplo dejando de pagar la deuda interna o pagando menos por ella, de todas maneras el aumento salarial generaría inflación si la producción no crece al mismo ritmo, pues habría más dinero persiguiendo menos bienes de consumo, o los mismos que habían antes.
El aumento de los salarios, para que sea eficaz debe ir acompañado con el mejoramiento de la seguridad jurídica del país, con políticas que permitan atraer más inversiones, que mejoren el clima de negocios y que ayuden a aumentar el empleo, la productividad y la producción. De otra manera esos aumentos son, como se dice popularmente, pan para hoy y hambre para mañana.
