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Para prevenir un eventual enfrentamiento entre los arrendatarios de la finca San Martín de Guadalupe y miembros de la Comunidad Indígena de Sébaco, la Policía mantuvo presencia en el lugar. (LA PRENSA/L.E. MARTINEZ M.)
Finca reclamada por Comunidad Indígena
Luis Eduardo Martínez M.
Corresponsal/Matagalpa
departamentos@laprensa.com.ni
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Con machetes desenvainados, trabajadores de la finca San Martín de Guadalupe en el municipio de San Isidro, Matagalpa, permanecían alertas este domingo esperando el posible desalojo y toma de la propiedad por parte de personas presuntamente respaldadas por el presidente de la Comunidad Indígena de Sébaco (CIS), Luis Antonio Martínez Medal.

Una patrulla al mando del jefe municipal de la Policía en San Isidro, capitán Carlos Gregorio Salgado, también se mantuvo a la expectativa para prevenir eventuales actos violentos en la finca que poseen los hermanos Edmundo y José María Lira Molina, a través de un contrato de arriendo otorgado por la CIS, el cual vencerá en tres años.

A través de una carta, el presidente de la CIS le notificó a José María Lira que debía entregar la finca porque el contrato de arriendo vencía el sábado recién pasado y que representantes de esa comunidad indígena llegarían ayer para recibir la propiedad.

En la misiva, Martínez dice esperar que “nos entregue la propiedad para no hacer uso de las vías legales o judiciales y en sana paz nos sea devuelta dicha propiedad y poder seguir beneficiando socialmente a nuestros miembros”.

“Asimismo se le comunica que se abstenga de seguir cultivando o sembrando en dicha propiedad a fin de hacer efectiva la entrega material”, dice el documento del cual LA PRENSA obtuvo una copia.

Pero, el apoderado generalísimo de los hermanos Lira, Marcio Mairena Ortiz, había advertido que defenderían la finca “a balazos”.

Mairena relató que la mañana de este domingo el vicepresidente de la CIS, Hermógenes Vallejos, junto a un abogado y otro hombre sin identificar, llegaron a la finca pero se retiraron al conocer del contrato de arriendo que expira en el 2011 a favor de los hermanos Lira.

Las oficinas de la CIS estaban cerradas el domingo y LA PRENSA no pudo contactar a Vallejos o a alguien que diera referencias sobre su dirección domiciliar o números telefónicos. En tanto, varias llamadas a los móviles de Martínez Medal y de la secretaria de la directiva de la CIS, Justhean Osejo Valdivia, no fueron respondidas.

Mairena considera que la presencia de Vallejos y sus dos acompañantes ayer en la propiedad “demuestra que existe una voluntad enfermiza del presidente de la CIS de agredirnos como productores en las fincas La Central y San Martín”.

En ambas fincas, los hermanos Lira producen alrededor de 120 mil quintales de arroz anualmente, ubicándose entre los máximos productores de ese grano en el país y Mairena sostiene que defenderán las propiedades “con sangre, si es posible”.

ANTECEDENTES

De acuerdo con amplia documentación mostrada por Mairena, las propiedades La Central y San Martín de Guadalupe fueron adjudicadas en subasta pública el 28 de agosto de 2000 al extinto Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), después de un juicio ejecutivo que promovió esa entidad financiera contra Pablo Rafael Valdivia Castillo y Carlos Alberto Valdivia Ruiz.

El 31 de octubre de 2000, la directiva de la CIS autorizó el traspaso de los derechos de arriendo que sobre las dos propiedades tenían Valdivia Castillo y Valdivia Ruiz, a favor del Banic.

Ese mismo día, el entonces presidente de la CIS, Justo Reyes Pérez, otorgó un contrato de arriendo de ambas fincas a favor del Banic.

Una semana antes, el 24 de octubre de 2000, la directiva y el Consejo de Ancianos de la CIS realizaron una sesión conjunta en la cual reconocieron los derechos otorgados al Banic y además autorizaron que la entidad financiera traspasara los derechos del arriendo a favor de José María Lira Molina, por un período de diez años.

Mairena también mostró un contrato suscrito el 9 de agosto de 2001 por el entonces presidente de la CIS, Luis Antonio Martínez Medal y José María Lira Molina, en virtud del cual, la CIS arrienda las propiedades al segundo por un período de diez años que vencen en el 2011.

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