Los planes militares de los presidentes Daniel Ortega, de Nicaragua, y Hugo Chávez, de Venezuela, pueden abrirle una oportunidad a nicaragüenses indocumentados en Estados Unidos que necesitan argumentos para pedir asilo en esa nación.

Cuando Chávez y Ortega acordaron hace semanas crear las Fuerzas Armadas de la Alianza Bolivariana de las Américas (Alba), las reacciones en Nicaragua fueron de temor y burla; lo primero porque el Presidente sandinista ha demostrado ser un buscapleitos y, lo segundo, porque vieron su declaración como uno más de sus disparates.

Sin embargo, Ortega ha insistido en el tema y da la impresión de estar dispuesto a montar a Nicaragua en una aventura militarista, en apoyo de Chávez y con el pretexto de que Colombia es un país agresor dirigido por Estados Unidos.

Esa noticia afligió a miles de ciudadanos en Nicaragua, pero dio ánimo a nicaragüenses que hace meses presentaron en Estados Unidos solicitudes de asilo político, con el argumento de que temen volver a su país de origen porque Ortega, el gobernante represor de los años ochenta, está de nuevo en el poder.

Si las primeras gestiones de asilo parecían poco convincentes, Ortega se encargó de que cobraran fuerza al hablar de guerra en Caracas el mes pasado, donde afirmó que “tocar a Venezuela es incendiar la región, tocar a Venezuela es tocar a toda América Latina”.

El Presidente sandinista revivió así los peores fantasmas de la guerra de los años ochenta, cuando en Nicaragua murieron miles de jóvenes que habían sido reclutados por la fuerza y enviados a los campos de batalla, en un conflicto que también provocó la huida del país de familias enteras que se asilaron o refugiaron en países vecinos y en Estados Unidos.

Para Alfonso Oviedo, abogado experimentado en casos migratorios en Estados Unidos, el nuevo discurso guerrerista de Ortega es causa para solicitar asilo político en esa nación, porque esa alianza militar con Chávez representa un peligro real para nicaragüenses y venezolanos.

Incluso, los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), recién instaurados por el Gobierno nicaragüense y considerados por la oposición como nuevos instrumentos de vigilancia y represión, pueden poner en riesgo la seguridad de ciudadanos calificados de antiorteguistas.

A principios de los años noventa, el Gobierno de Estados Unidos retiró la protección a nicaragüenses refugiados en su territorio, al considerar que en Nicaragua había concluido la guerra y empezaba la democracia.

Sin embargo, 15 años más tarde, la situación se revierte. El gobierno de Estados Unidos acusa a Venezuela y Cuba de pretender la desestabilización de la democracia en Nicaragua, y revela que la cooperación militar entre el gobierno de Chávez y el de Irán “está creciendo”, como augurio de nuevos conflictos.

Desde antes que Ortega hablara de guerra, Nicaragua ha resentido el nuevo régimen que, en su primer año, consiguió dos efectos notorios en la población: el aumento de la emigración y la contención del retorno de nicaragüenses que han vivido fuera por largo tiempo y querían volver. En ambos casos ha dominado el temor a otra crisis económica y a la inestabilidad política.