La Procuraduría General de la República (PGR) inició el año 2008 enviando siete brigadas de funcionarios a El Rama, donde se han producido asesinatos por conflictos de propiedad para hacer visitas finca por finca y encontrar solución al problema.
Otro lugar afectado con muertes por enfrentamientos entre desmovilizados y agricultores por conflictos de propiedades, Las Tunas, también fue visitado por los funcionarios de la PGR y la Intendencia de la Propiedad.
Los problemas de tráfico de tierras son gravísimos en el país, al punto que, según el procurador Hernán Estrada, sólo el narcotráfico se le compara en peligrosidad.
El gobierno sandinista otorgó tierras a los agricultores con la denominada Reforma Agraria y luego, tras el triunfo de Violeta Barrios de Chamorro en 1990, también se le entregaron tierras a los desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense (RN) y del Ejército Sandinista.
Pero ambos grupos, según afirma el procurador Estrada, hicieron “charanga” con las tierras, dando paso a un agudo problema que le ha costado sangre y mucho dinero al pueblo nicaragüense.
“Nuestra principal tarea es combatir esta red del crimen organizado que orquestó una contrarreforma afectando a 132 mil familias que representaban más de quince mil cooperativas que desaparecieron, producto de una brutal contrarreforma. Aquí se salvó un universo mínimo de cooperativas”, manifestó Estrada.
PROPIEDADES A INVENTARIO
Para luchar contra el tráfico de tierras, la PGR tiene planeado elaborar un inventario de todas las propiedades del Estado y registrarlas a su nombre.
Así se evitaría que personas inescrupulosas se apropien de las mismas, como ocurrió con cinco lotes del Estado que supuestamente fueron vendidos por la ex Notario Uno del Estado, Morena Avilés Serrano.
“La desfachatez llegó al extremo que a pesar de que en la Intendencia de la Propiedad existe una base de datos de las propiedades, en la que aparece en detalle el número, ubicación y extensión de la misma, se emitían hasta tres veces títulos sobre la misma.”, dijo la intendente Yara Pérez.
En el 2007, la PGR depuró la lista de personas que demandan devoluciones de propiedades confiscadas o indemnización por las mismas y ahora se apresta a titular a los verdaderos beneficiados de la Reforma Agraria.
Ejemplo de ellos es el caso de El Timal, donde desmovilizados se han enfrentado y ocasionado la muerte de personas inocentes, hasta infantes.
Se espera que para el primer semestre del año 2008 se entreguen más de un mil 600 títulos de propiedad en El Timal y habrá una segunda fase de entrega de esos títulos.
La Intendencia de la Propiedad maneja una caracterización de personas que se dedican al tráfico de tierras en El Timal, pero aún no la da a conocer ni se le procesa a esas personas.
SANEAMIENTO
El procurador Estrada afirma que el Gobierno está interesado en preservar y recuperar propiedades del Estado ubicadas en las costas y zonas fronterizas, como en el Norte, donde muchos hondureños están comprando tierras.
En León, La Intendencia de la Propiedad y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) realizarán un “saneamiento” de todas las propiedades en conflicto en esa ciudad.
Además, la PGR le ordenó a Ineter que no emita más constancias de propiedades en conflicto, al igual que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) orientó mediante una circular a todos los jueces que no emitan más títulos supletorios.
