Productores de Río Blanco, Matagalpa, pidieron a las autoridades que investigan el tráfico ilegal de tierras estatales, que les ayuden a recuperar el dinero que entregaron a dos mujeres presuntamente vinculadas a una red de mafiosos, quienes les legalizarían unas propiedades situadas en Paiwas, en la Región Autónoma del Atlántico Sur.

Concepción Mendoza Barcia y Nelson David Hurtado Marenco dicen que junto a otros siete productores de la zona presuntamente fueron “estafados” por Claudia Liseth Vásquez Pérez y Alicia Acosta Ulloa, a quienes conocieron a través del diputado Salvador Talavera Alaniz.

Vásquez fue mencionada hace unos días como presunta integrante de una red de traficantes de tierras por la ex notario uno del Estado, Morena Avilés Serrano.

Vásquez, por su parte, niega los señalamientos en su contra y también está anuente a ser sujeto de investigación. En tanto, Morena fue declarada culpable por vender tierras del Estado.

Mendoza y Hurtado denunciaron sus respectivos casos ante la Policía de Matagalpa desde octubre del 2006, pero en esa entidad y en el Ministerio Público les dicen que todavía les falta recabar más evidencias para procesar penalmente a los denunciados.

El Fiscal departamental, Richard Lara González, confirmó que el Ministerio Público pidió a la Policía una ampliación en las indagaciones.

“Las investigaciones se tornan más complicadas porque el asunto de la propiedad, aquí en Matagalpa, es conocido que es bien difícil. Las investigaciones tienen que ir lentas porque nos vamos topando con todo tipo de documentos y con varias situaciones”, dijo Lara.

De acuerdo con Mendoza y Hurtado, otros productores afectados por Acosta y Vásquez fueron Cristóbal Duarte Tórrez, Luis Manuel Ramos, Armando Bucardo Polanco, Julio Oporta, Bismark Peña Jarquín y Sixto René Campos Urbina, quienes también denunciaron sus casos ante la Policía.

La Policía investiga además al menos 25 casos de propiedades estatales, situadas en Paiwas, Waslala, Río Blanco y Matiguás, que presuntamente fueron vendidas con documentos falsos a personas particulares.

Mendoza aseguró que le pagó 290 mil córdobas a Acosta y a Vásquez por dos propiedades colindantes y otros cien mil córdobas por los trámites de inscripción. En tanto, Hurtado dice que les pagó 160 mil córdobas por otra finca. Las tres propiedades en la comarca El Negro, del municipio de Paiwas.