Si alguien le preguntase cuál es la estrategia que su gobierno está implementando para combatir la pobreza de su país, ¿qué contestaría? Especialistas en el tema coinciden en que el gobierno del presidente Daniel Ortega está ejecutando programas que aparentemente tienen como objetivo combatirla pobreza que cubre todo el territorio nacional, sin embargo, tal como se están implementando, ponen en duda su efectividad.
El Programa Hambre Cero, el Programa Usura Cero, el plan de educación y salud gratuita son algunos de los elementos que logran identificar como parte las medidas que el Gobierno está desarrollando pero de manera desordenada.
Luis Murillo, coordinador del Programa de Desarrollo Local de la Universidad Centroamericana (UCA), opina que “el Gobierno tiene buenas intenciones (para el desarrollo del país), pero tiene que estar claro de que la capacidad económica después de todas las transformaciones que ha tenido el Estado, en un período de 20 ó 30 años, ha modificado la capacidad de reacción del Gobierno. Deben tener estrategias, pero también deben tener recursos para poder implementarlas”.
Según el último Mapa de Pobreza en Nicaragua, realizado en el año 2000, los municipios más pobres se concentran en la zona central y las Regiones Autónomas del Atlántico Sur y Norte.
Según un informe económico del Banco Central de Nicaragua, el 48 por ciento de la población es pobre y el 17 por ciento se encuentran en extrema pobreza.
Georgina Muñoz, enlace nacional de la Coordinadora Civil, aclara que su organización desconoce a fondo la política pública para los siguientes cuatro años del gobierno de Daniel Ortega.
“Hemos solicitado esa información a través de cartas o aperturas de diálogo (con el Gobierno), en algunos casos hemos podido conocer con algún funcionario cuál es la inversión, por ejemplo, en Educación, donde ahora se agrega el elemento de retensión escolar, pero quisiéramos saber más sobre la calidad de la enseñanza, el currículo, cómo se va integrar la educación primaria con la secundaria (…)”, comenta Muñoz.
“Sobre la política de salud conocemos programas específicos como malaria, tuberculosis, combate al VIH-Sida, pero no hemos tenido la oportunidad de poder acercarnos con algún ministro que pueda dar una visión más amplia de cómo se va a desarrollar el tema, más que las declaraciones globales que han dado las vocerías de estos ministerios”, agrega.
Para Muñoz, lo único que les llega a las organizaciones civiles como la Coordinadora Civil, es “información dispersa de los programas Hambre Cero y Usura Cero”, los que califica como “desprendidos e independientes” por la manera en que funcionan, sin embargo, sugiere que “deberían ser parte de una política pública en pro del desarrollo del agro.
Para Murillo, el Gobierno está apostando por la masificación de la educación pública. Una acción “loable” que marcha aprisa y “desconoció un proceso que estaba dando resultados y permitía que la gente participara, como es el proceso de descentralización de la educación”, dice.
“Al centralizar la educación, con un gobierno actual que tiene poca capacidad de generar ingresos y sostener el sistema educativo, en la parte operativa, le quita un poco de dinamismo al sector, pero es una estrategia loable, (porque) ningún proceso de desarrollo se puede lograr si no existe inversión en educación”, añade Murillo.
Respecto al Programa Hambre Cero, este académico especialista en desarrollo local afirma que es una acción económica que busca mayor productividad de la fuerza laboral, pero al igual que en todos los otros programas, hace falta consenso.
“El problema es que las condiciones económicas y las condiciones institucionales no están dadas. El Programa Hambre Cero tiene una cantidad mínima de recursos y está atacando principalmente la seguridad alimentaria, pero no ataca otros problemas como la parte educacional, el acceso al crédito, los servicios básicos, ante lo cual primero debe hacerse una inversión integral (…), hay instituciones que no han sido capaces de ejecutar y hacer llevar los beneficios a algunas municipalidades que no tienen capacidad de ejecución por estar más alejadas y hay otras con buen desempeño logístico como el Ejército, pero que no tienen la capacidad de identificar a los beneficiarios y proveer las necesidades adecuadas”, explica Luis Murillo.
Este especialista afirma que “la identificación de beneficiarios se está sesgando a dos cosas erróneas”, entre las que menciona un mapa de pobreza basado en datos viejos que no corresponden al panorama actual y además, “se ha acusado al Gobierno de implementar mecanismos institucionales desde el punto de vista partidario, como algunas alcaldías sandinistas y los llamados CPC. Por eso, la totalidad de beneficiarios no cubre a la cantidad de personas que lo requerirían”.
Tanto Muñoz como Murillo coinciden en que los programas practicados por el Gobierno hasta ahora, son positivos, pero hace falta consenso y articulación entre las partes involucradas para alcanzar el éxito deseado.
Según el criterio de Luis Murillo, “se necesita el consenso con todos los actores y en segundo lugar, ordenar la parte de las finanzas. El mayor filtro que está distrayendo recursos para el desarrollo y que está teniendo un problema de salubridad en las finanzas y el Presupuesto General de la República, es el pago que se ha venido dando por las quiebras bancarias y la emisión de Cenis (Certificados Negociables de Inversión), que más o menos del ciento por ciento que están valorados únicamente se recuperó el tres por ciento. Lógicamente, estamos pagando algo que prácticamente la sociedad no ha usado ni aprovechado y lo está pagando en el presente y seguramente en el futuro”.
Por su parte, la Coordinadora Civil sostiene que los programas del Gobierno están funcionando como islas con objetivos muy cortos.
De continuar así, Georgina Muñoz cree que “si no se le da sostenibilidad a todas estas acciones y si no las articulan con otras políticas para que haya un beneficio directo e integral hacia el sujeto que está siendo beneficiado, no se va a lograr erradicar la pobreza”.
“Hay otras zonas más pobres donde debiera de focalizarse esa ayuda y no sólo donde están las organizaciones de participación creadas por el actual gobierno. Eso implica que no hay una distribución de la política que pueda incorporar a verdaderos grupos afectados, a su vez, en otros lugares se ha entregado de manera directa pero no con una base en el desarrollo de capacidades de quienes reciben”, agrega.
Ambos especialistas coinciden en que con esta práctica, la ayuda dada a ciertas familias corre el riesgo de no ser capitalizada y más bien sirva para el consumo, dados los problemas de desempleo y hambre persistentes.
“La ayuda se vuelve de subsistencia. En todos los gobiernos anteriores hemos dicho que no debe haber programas de subsistencia porque profundizan la pobreza. No tenemos políticas públicas consistentes”, reclama Muñoz, y además, insiste en que el Gobierno debería abrirse para tomar en cuenta la experiencia de todos los organismos no gubernamentales y de la sociedad civil que durante las últimas décadas han venido trabajando en pro del desarrollo local.
Y finaliza con una reflexión: “Existimos porque hacemos un trabajo de fondo y en alguna medida hasta puede contener el avance de la pobreza, pero no logramos erradicarla por completo porque no somos gobierno. Hemos observado muy poco interés de los gobiernos por querer ver cuál es la lógica de trabajo de los organismos sociales y no gubernamentales. Mientras no pongamos esas experiencias en la mesa y a partir de ahí sacar una propuesta de solución, va a ser muy complejo que el país se desarrolle, pero eso tiene una llavecita que se llama: voluntad política. Ahí es donde se ha producido parte del fracaso en el desarrollo económico del país”.
