Los miembros de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos del parlamento decidió invitar al presidente Daniel Ortega a una comparecencia, para que explique los motivos de su oposición a una amnistía, tomando en cuenta que en su anterior gobierno (década de los años ochenta del siglo pasado) se aprobó en varias ocasiones ese beneficio.
Los diputados Enrique Quiñónez y Salvador Talavera, presidente y miembro de la comisión legislativa respectivamente, añadieron que también acordaron invitar a los ex mandatarios Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007).
Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se oponen a un proyecto de amnistía, que ha levantado polémica en el país, debido a que se desconoce con certeza el alcance de sus beneficios y porque no se sabe si será impulsado como decreto o como ley.
“No hay una posición oficial de la comisión. No se descarta, pero tampoco le digo que sí”, respondió ayer Quiñónez al referirse a las personas que podría beneficiar la amnistía.
CON NOMBRES Y APELLIDOS
Roberto Petray, director ejecutivo de la católica Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), demandó ayer una amnistía “con nombres y apellidos” para terminar con el debate en torno a si el proyecto tendrá o no amplios alcances.
“Que se metan en el bolsón a cinco o seis políticos, que no sea para todos. Tenemos a los políticos de fondo: tenemos a (Enrique) Bolaños, (Eduardo) Montealegre, tenemos a (Arnoldo) Alemán, tres tenemos allí de cajón”, precisó Petray.
Una propuesta que Quiñónez definió ayer como “un aporte” de un grupo de personas, propone que la amnistía beneficie entre el 14 de marzo de 1990 y el 7 de enero del 2007 a los ex funcionarios, a sus esposas, hijos, sobrinos, cuñados, padres y suegros, relacionados con actos de corrupción o en presunciones civiles, penales y administrativas de la Contraloría General de la República.
ORGANIZACIONES SE OPONEN
El tema de una amplia amnistía es visto con recelo por organizaciones de los derechos humanos y por el Movimiento por Nicaragua y Hagamos Democracia, dos instituciones civiles.
“Nosotros creemos que la amnistía no es el mecanismo para resolver los problemas que hay en el país, más bien es un mecanismo que promueve la impunidad (...) es un parche que promueve la impunidad”, señaló Violeta Granera, del Movimiento por Nicaragua.
Para Yáder Loza, representante de Hagamos Democracia, el proyecto de amnistía reparte justicia en partes desiguales.
DESIGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY
“Estamos viendo que hay desigualdad en la aplicación de justicia, porque con la amnistía se van a beneficiar ciudadanos que en determinado momento fueron funcionarios públicos y se beneficiaron de las arcas del Estado, pero a un ciudadano común y corriente la amnistía no lo va a beneficiar, ¿por qué sólo beneficiará a un círculo reducido de ciudadanos?”, cuestionó Loza.
Quiñónez expresó que hay coincidencia entre todas las partes en que el sistema judicial debe ser reformado para eliminar una politización que ha cobrado cada día más fuerza desde el año 2000, cuando el FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Alemán empezaron a implementar un pacto que les permite repartirse las cuotas de poder.
