Al igual que la zona de reservas de agua en Managua, la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur) se declaró en estado de emergencia luego que la Alcaldía capitalina y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) prohibieran construcciones verticales en una área oriental de la capital.
La comuna capitalina, los representantes de otras cuatro alcaldías de la cuenca sur del lago de Managua y Enacal decretaron que cerca de sesenta kilómetros en el Oriente de Managua están en emergencia y veda “no urbanizables”, como una medida para proteger las reservas de agua para la capital y las ciudades aledañas.
Sin embargo, Alfonso Silva, presidente de Cadur, criticó el anuncio de las entidades municipales y del agua por ser “unilateral, política y atentar contra el desarrollo empresarial”.
“No pueden decirnos de la noche a la mañana que los permisos que nos dieron para construir cualquier proyecto urbanístico ya no valen, y que el año o año y medio que pasamos cumpliendo con todos los requisitos legales para construir se perdieron”, reaccionó Silva, para luego explicar que debido a la alarma del decreto en Managua, el Consejo Directivo de Cadur se reunirá de emergencia la próxima semana.
“Vamos a estar en sesión de emergencia, para buscar una salida a esta nueva problemática”, dijo Silva, quien además lo “político” de la medida municipal que se enfoca en el sector de urbanizadoras que, a su juicio, ya está ordenado, dejando a un lado el daño que pueden causar los asentamientos espontáneos.
PELIGRO PARA HABITANTES
Para que una empresa urbanizadora inicie los trabajos de construcción en el terreno debe cumplir varios requisitos referidos a la presentación del plano del terreno y la escritura legal de la zona. Posteriormente, las comunas correspondientes deben emitir una constancia de uso del suelo a urbanizar.
Luego de obtener el permiso municipal, Enacal debe notificar si existen las facilidades técnicas en la zona de construcción. Pero, de manera paralela, se debe ejecutar un estudio de impacto ambiental.
El incumplimiento de todo el proceso establecido en las leyes no sólo pone en riesgo al medio ambiente, sino a los mismos habitantes de las zonas urbanizadas y sus alrededores, explicó Julio Sánchez, oficial de Biodiversidad del Centro Humboldt.
“Hay zonas donde el terreno no es apto para grandes o amplias construcciones, entonces vivir ahí es un grave peligro para la población”, apuntó Sánchez.
De acuerdo con el ambientalista, hay un alto porcentaje, aún no precisado, de empresas urbanizadoras que no cumplen con los requisitos previos a la construcción.
A esa preocupación se suma otra cantidad de empresas que incumplen las medidas cuando ya se está ejecutando la obra en el terreno, porque “firman todos los papeles, pero como no hay suficiente control, no cumplen los acuerdos”, dijo Sánchez.
