La ex Notario Uno del Estado, Morena Avilés Serrano, se encuentra bajo prisión preventiva en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía (DAJ), luego que la madrugada de ayer un tribunal de jurado la declaró culpable de los delitos de estelionato, estafa y falsificación de documentos públicos.
Avilés Serrano, señalada por la Procuraduría General de la República (PGR) de estar ligada a una mafia traficante de tierras, fue procesada porque adulteró el protocolo del notario Orlando Gutiérrez Huete, para falsificar una escritura y poder vender cinco lotes de terrenos que fueron confiscados durante el primer Gobierno Sandinista y que ahora pertenecen al Estado.
La fiscal Suhey Fúnez solicitó 11 años de prisión para Avilés, cinco por estelionato y seis más por estafa, mientras el procurador auxiliar penal Óscar Gutiérrez pidió seis años de cárcel por estelionato.
El juez Quinto de Distrito de lo Penal de Juicio de Managua, Sergio Palacios, programó la lectura de sentencia para el próximo martes 12 de febrero, a las 2:00 p.m.
A la ex Notario Uno del Estado se le declaró culpable por estelionato (vendió terrenos que no eran suyos) en perjuicio del Estado y estafa en perjuicio de Pablo Enrique Gulke Adam, quien le habría pagado ocho mil dólares por los cinco lotes de terrenos.
Avilés Serrano no fue declarada culpable por estafa en perjuicio de Elba Aráuz Solano, a quien le habría quitado 300 dólares en adelanto por los mismos terrenos que vendió a Gulke Adam.
LOS HECHOS
Morena Avilés fungió como Notario Uno del Estado en el año 2006, donde conoció a Gulke Adam porque este llegaba a la Procuraduría a reclamar la devolución de una propiedad de su familia confiscada en los años ochenta, el antiguo Hotel Nicaragua.
Según precisó el mismo Gulke, él le pidió a Avilés Serrano que le ayudara a encontrar a los dueños de cinco lotes que están aledaños al Hotel Nicaragua, pues tiene planeado construir un hospital contra el cáncer en dicho hotel, donde se le dé tratamiento natural y no por medios radiológicos a las personas que padecen dicho mal.
La acusación explica que Avilés, con acceso a información sobre bienes del Estado, se enteró que los cinco lotes a pesar de que son confiscados no están inscritos a favor del Estado.
La acusada supuestamente adulteró el protocolo del notario Orlando Gutiérrez Huete para falsificar una escritura. Le dijo a Gulke que había encontrado al apoderado de los dueños de los cinco lotes, una persona de nombre Jorge Alfredo Delagneu Sanders, quien realmente falleció el 19 de agosto del año 1986.
El primero de febrero del pasado año 2006, Gulke Adam le entregó un cheque por ocho mil dólares a Avilés Serrano, así como 150 dólares más para que esta le ayudara a inscribir los lotes.
Fue cuatro meses después cuando Gulke escuchó que Avilés estaba siendo acusada por fraude al Estado que le pidió a su abogado que investigara cómo estaba la situación de los cinco lotes y descubrió que había sido estafado.
Avilés Serrano aseguró en el juicio que Gulke Adam mintió en el proceso, pues no es ella quien vendió los cinco lotes, sino que, según ella, fue un abogado identificado como Guillermo Pedroni y ella actuó sólo como agente de bienes raíces.
Los ocho mil dólares los recibió ella porque así lo había acordado con las partes, porque debía cobrarse una comisión por ayudar en la venta de los cinco lotes.
NO INTEGRÓ TESTIGO CLAVE
Avilés Serrano indicó que no fue ella quien vendió los cinco lotes aledaños al antiguo Hotel Nicaragua del barrio Santo Domingo, sino que, según ella, quien realizó la fraudulenta transacción fue Guillermo Pedroni.
Pero Avilés Serrano no lo propuso en el juicio porque “no logró localizarlo” y tampoco lo hicieron la Fiscalía y la Procuraduría.
Uno de los testigos, el ex presidente de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones, Orlando Flores Ponce, confirmó que el Hotel Nicaragua fue devuelto a sus dueños originales, la familia de Gulke Adam.
No así los cinco lotes que fueron confiscados a otras personas y que pasaron a ser propiedad del Estado.
Dichos terrenos no fueron inscritos en el Registro Público, por lo tanto, según Avilés Serrano, son “tierras de nadie”.
Entre los testigos que declararon ante un tribunal de jurado y el juez Quinto de Distrito de lo Penal de Juicio, Sergio Palacios, está el investigador Arsenio López, quien realizó el allanamiento a la oficina de Avilés, en la Procuraduría General de la República, donde se desempeñaba como Notario Uno del Estado.
Según el oficial López, a Avilés se le encontraron en su oficina dos recibos de una clínica de belleza, uno para una cirugía con un monto de un mil dólares y otro por 300 dólares.
Además una factura de una empresa comercial por más de 14 mil córdobas, así como su colilla con la cual se constata que el salario de Avilés era de siete mil 700 córdobas.
Por esa razón inicialmente fue investigada por enriquecimiento ilícito, pero al final no fue acusada por ese delito.
La Policía ocupó también la computadora de Avilés Serrano, donde encontró elaborado el recibo que Avilés Serrano le entregó a Gulke Adam por los ocho mil dólares.
Avilés manifestó que no podía hacerse responsable de todo lo que encontraron en su oficina, porque la despidieron sin poder realizar un inventario y cuando la Policía se presentó a la misma ella no se encontraba.
Gulke Adam dice que compró los terrenos porque lo estaba haciendo a través de Avilés Serrano. “No podía desconfiar de la primera abogada del Estado”, dijo en el juicio.
