Los vehículos caleteados con compartimentos especiales, presencia de droga en manos de los procesados y en los vehículos, la adquisición de maquinaria pesada, así como de bienes inmuebles, más la preparación de una pista de aterrizaje en la finca La Ceiba, son los indicios que según la Fiscalía sirven para demostrar que se incurrió en el delito de financiamiento de estupefacientes.
El fiscal auxiliar Rodrigo Zambrana apuntó que estos bienes señalados “ya habían sido ocupados para el trasiego de estupefacientes”, por parte de lo que han identificado como una célula del cártel de Sinaloa.
A su criterio lo antes expuesto puede servir como “la prueba perfecta” para demostrar que los acusados se dedicaban en conjunto para alcanzar el fin del trasiego de drogas.
Tras las ocupaciones que la Policía le realizó al grupo, llevó a concluir a las autoridades que hubo “una inmensa” cantidad de dinero, no especificada, que fue desembolsada para lograr sus ilícitos objetivos, por lo que confirma que hubo financiamiento de estupefacientes.
Únicamente la finca La Ceiba costó más de 100 mil dólares, los vehículos de lujo ocupados “reúnen una inmensa cantidad de dólares”, la maquinaria para la construcción de la pista costó más de 22 mil dólares, dijo Zambrana.
“Toda la logística impresionante con que contaban en esa adquisición de bienes es donde el Ministerio Público y es donde el judicial y los magistrados han encontrado que existió la financiación para el objetivo común que he señalado, para la transportación de estupefacientes”, sostuvo Zambrana.
Esto es parte de la aseveración del fiscal Zambrana, a los alegatos de agravios que ayer presentaron nueve abogados que recurrieron de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un último intento por lograr la libertad de 20 acusados, integrantes de la célula narco, varios de ellos con sentencias de 21 años de cárcel.
Los reos que recurrieron de casación son: Samir Antonio Valenzuela Castro, Arturo Edén Herrera Herrera, Guillermo José Ramírez Martínez, Carlos Guillermo Alvizures Rodas, Emiliano Rodas Pérez, Osonier Emir Herrera Herrera, Jeremías Úbeda Prado, Marvin Uriel Gadea Blandón, José Juvenal Mendoza González.
Así como Carlos Cisnado Pasos, Jesús Javier Flores Vega, Juan Rosales Castañeda, Santos Thomas Reyes Urbina, Pedro Pablo Olivas, Víctor Bonifacio Herrera Lanzas, Frenddy Antonio Centeno López. También están: Arturo Ramón Gaspar García Rubio, David Ricardo Alvarado Zazueta y Luis Ángel Vale Serrano.
PIDEN NULIDAD DE SENTENCIAS
Los abogados defensores demandaron de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaren nula la sentencia.
La prueba del ionscan, técnica utilizada en ese juicio, fue uno de los argumentos planteados por la defensa de los acusados.
La abogada Johana Fonseca llegó a explicar a los magistrados que el ionscan tiene forma de una nariz de perro elaborada en computadora. Asimismo dijo que no puede ser válida, debido a que se ha incorporado un informe en otro idioma.
“Pero olvidan ellos que la prueba pericial conforme al artículo 203 y 116 del Código Procesal Penal (CPP), se incorpora a través de la declaración del perito”, respondió la Procuradora Auxiliar Penal, Amy Javiera García Curtis. En este caso, recordó que el perito Danilo Pérez declaró en el idioma oficial, español.
A su vez, los defensores pidieron que fuese revisado de manera individual el caso de cada uno de los procesados.
“Aquí no se está volviendo a juzgar, lo que se está haciendo es una revisión de la sentencia”, dijo el Fiscal a los periodistas.
CUESTIONAN FINANCIAMIENTO
Los abogados alegaron que en el juicio a los procesados no se les demostró el delito de financiamiento al narcotráfico dado que nunca les incautaron droga.
Zambrana ripostó que el Tribunal de Apelaciones ha dejado claro que ante la figura del financiamiento no es necesario la presencia de droga.
El abogado Bismarck Quezada, defensor de Carlos Guillermo Alvizures Rodas y Emiliano Rodas Pérez, dijo en la audiencia que tanto en primera como en segunda instancia no han sido capaces de demostrar el financiamiento de droga.
Según Quezada, la técnica utilizada en el juicio en contra de la célula narco, como fue la prueba del ionscan, ya es obsoleta en países desarrollados como Estados Unidos.
“Financiamiento ¿de qué?, ¿dónde está ese resultado del financiamiento? ¿Dónde están los kilos de cocaína?”, consultó Quezada, tras señalar que “esa prueba vino a contaminar el proceso”.
La procuradora García agregó que el delito de financiamiento es abstracto y de potencialidad, y no requieren de la existencia de droga para demostrarlo.
Según dijo en las sentencias de primera y segunda instancia se ha reconocido “que bastaba la prueba del ionscan para poder vincular efectivamente la construcción de una pista de aterrizaje, la preparación de rastras con caletas especiales y todo el universo de bienes muebles, particularmente vehículos livianos y pesados ocupados a los acusados con partículas de ionscan, que relacionaba que efectivamente la actividad que ellos estaban realizando era una actividad ilícita dedicada a la narcoactividad”, sostuvo García.
¿SATANIZADOS?
El defensor Quezada manifestó ante los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ya los abogados no quieren defender a los detenidos por problemas de droga, debido a que en el país los reos por este tipo de delitos “son satanizados”.
Aprovechó para denunciar que por ejemplo, a Emiliano Rodas, que es diabético no lo han conducido al médico, ni le han proporcionado sus medicamentos.
Ramón Rojas, defensor de Carlos Cisnado, alegó que este fue simplemente “un comisionista” pues a cambio de la venta de la finca La Ceiba le entregarían 10 mil dólares, pero a última hora ni siquiera los recibió, sin explicar los motivos que tuvo para no hacerlo.
CASO DE LAS ARMAS
En cuanto a los mexicanos Jesús Javier Flores Vega y Juan Rosales Castañeda, dijo que sus defendidos fueron capturados en un incidente con la Policía de Tipitapa y hubo cantidades de bienes muebles adquiridos, pero no existen pruebas que demuestren que estos los hayan adquirido.
Nada tienen que ver con propiedades, ni con nivelación de tierra y tienen ocho años de cárcel por esto, alegó Rojas, quien intentó minimizar el delito de posesión de armas de guerra que se les atribuye a sus defendidos, al igual que a otros de los reos, según dijo todo por dos rifles y “unas cuantas granadas” que fueron encontradas.
Pero el fiscal Zambrana manifestó que no fueron sólo dos armas, sino diferentes tipos de armas, encontradas en Residencial Planetarium. Se encontraron evidencias claras que ellos habitaban en esa propiedad, junto a Carlos Alvizures Rodas y Emiliano Rodas Pérez.
Carlos Alberto Garay alegó que su defendido, Juan Pablo Cruz, fue sorprendido el pasado 14 de abril en la finca La Ceiba, justamente en el momento en que la Policía realizaba el allanamiento en esa propiedad como parte de la operación Fénix.
Garay alega que su defendido había llegado al lugar a comprar dos vacas que le ofreció vender Santos Tomás Reyes, quien trabajaba como mandador de esa propiedad.
En el caso de Santos Tomás Reyes, la Procuradora alegó que fue capturado en flagrante delito, en respuesta al alegato de su defensor que señaló que se había allanado ilegalmente su vivienda.
Igual dijo fue en flagrante delito el arresto de José Juvenal Mendoza, Arturo Ramón Gaspar Rubio, Luis Ángel Valle Serrano, Juan Rosales Castañeda y Jesús Javier Flores Vega, cuando transportaban en una camioneta Mitsubishi sobre el kilómetro 25 Carretera Panamericana con dirección a La Ceiba, procedían de la casa BL-10, del Planetarium.
El fiscal Zambrana demandó a los magistrados de la Sala Penal de la CSJ que ratifiquen la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, a finales del año pasado.
El presidente de esa sala, magistrado Armengol Cuadra, expresó que la Ley establece 30 días para emitir una resolución. No obstante, no descartó que esta decisión la podrían dar a conocer en unos 10 días.
