Los intensos controles aduaneros impuestos por las autoridades venezolanas en la frontera con Colombia, en medio de la crisis que enfrentan las relaciones entre sus gobiernos, han puesto en riesgo la economía de los principales poblados fronterizos del lado venezolano, cuyo comercio ha caído en 85 por ciento en enero.
Calles y comercios con escasa afluencia de personas, y angustiados vendedores sentados a las puertas de sus negocios, es el ambiente que impera en la localidad fronteriza de San Antonio del Táchira, que está a unos 600 kilómetros al suroeste de Caracas.
El incremento de los controles y trámites para el tránsito de mercancía en la frontera con Colombia, que activó desde mediados de mes el presidente Hugo Chávez para combatir el contrabando, alejó a los habitantes de la ciudad colombiana de Cúcuta, que eran los principales compradores de San Antonio, afirmó la presidenta encargada de la Cámara de Comercio de esa localidad, Isabel Castillo.
Según cálculos del ente gremial, las ventas en San Antonio mermaron en enero en 85 por ciento por el retiro de los clientes colombianos, lo que ha llevado al cierre de 40 comercializadoras, y el despido de más de un centenar de personas, dijo Castillo en entrevista con la AP.
MILLONES EN JUEGO
La dirigente empresarial indicó que Ureña, la segunda mayor población fronteriza del Estado Táchira, también está enfrentando un “fuerte bajón” en las ventas, lo que ha afectado sus actividades netamente industriales y comerciales. San Antonio y Ureña concentran cerca del 40 por ciento del comercio binacional que alcanzó el año pasado los 5,000 millones de dólares.
La Guardia Nacional extremó los controles en la ciudad fronteriza de San Cristóbal, donde comisiones de militares han tomado temporalmente algunos grandes mercados para supervisar las ventas y evitar el contrabando.
“Aquí lo que estamos es guapeando (luchando) para sobrevivir. Todos estamos sufriendo... esto tiene que resolverse pronto porque si no, no sé de qué vamos a vivir”, expresó Luz Parra, una pequeña comerciante del Mercado Municipal de San Antonio.
Parra, de 45 años, denunció que así como se ha incrementado la vigilancia de la mercancía que va hacia Colombia, también se ha limitado el acceso hacia San Antonio de los proveedores venezolanos de alimentos.
Explicó que esa situación ha generado en San Antonio, localidad de 65,000 habitantes, graves problemas de escasez de alimentos, y una ola especulativa con los productos de la cesta básica que se están vendiendo hasta con 50 pro ciento de sobreprecio.
“Estamos esperando a ver qué hacen las autoridades para decidir si nos vamos o nos quedamos” en San Antonio, dijo el mayorista Oscar Pernía, quien acotó que “en 30 años no se ha dado por tanto tiempo tanta represión (en el tránsito de mercancía hacia Colombia) como esta vez”.
Pernía señaló que con los estrictos controles impuestos por las autoridades venezolanas para frenar el contrabando “no se ha logrado nada”, puesto que el tráfico ilegal de productos hacia Colombia persiste.
“Los controles responden a algo represivo hacia el Gobierno del otro lado”, dijo Pernía al referir que el reforzamiento de la vigilancia fronteriza guarda relación con la crisis que se desató luego que el presidente colombiano Álvaro Uribe, le retiró en noviembre pasado la mediación a Chávez para ejecutar un canje de secuestrados por guerrilleros de las FARC.
“Es un conflicto entre los acomodados (Uribe y Chávez), pero venimos a pagar eso nosotros. Es algo que no entiendo”, comentó Ofelia Sepúlveda, una vendedora colombiana de Ureña, quien denunció que el pasado fin de semana la Guardia Nacional le incautó dos paquetes de harina y tres kilos de azúcar cuando intentaba pasarlos hacia Cúcuta, donde tiene su vivienda.
