Jueces, magistrados de apelaciones y secretarios de actuaciones reanudaron hoy paros escalonados en los juzgados del país, para demandar la publicación de una normativa de la ley de carrera judicial. Portavoces de este movimiento informaron hoy a la prensa de que solicitarán al presidente Daniel Ortega, que mande a publicar esa normativa, si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no lo hacen antes del 11 de febrero próximo.
El dirigente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic), Napoleón Sánchez, dijo a la prensa que el vicepresidente de la CIJ, Rafael Solís, se comprometió a publicar ese reglamento, para que entre en vigencia, el 11 de febrero.
Sánchez advirtió que si esto no se cumple entonces harán la petición en el mismo sentido al presidente Ortega, que está facultado por la Constitución, para reglamentar las leyes del país.
Los jueces y magistrados habían suspendido sus protestas ante la promesa de que se reuniría la Corte Plena de la CSJ para concluir el debate sobre mas de medio centenar de artículos del reglamento, pendientes de aprobación.
Sánchez, por otra parte, afirmó que los paros de labores no afectarán el proceso de la administración de la justicia, ya que en Managua el modelo de gestión de despacho, para atender a los abogados litigantes, apenas está comenzando y no cree que las acciones de la Asociación afecte la marcha del nuevo esquema.
Explicó que el paro de labores no se realiza en horas de la mañana sino que por la tarde, en demanda que se mande a publicar en La Gaceta, diario oficial, el reglamento para que entre en vigencia la Ley de Carrera Judicial, aprobada hace tres años.
Según los manifestantes, la falta de aprobación de esa normativa pone en riesgo 19 millones de euros (27,7 millones de dólares) en apoyo aprobado por la comunidad donante.
La aprobación de la normativa de la ley de carrera judicial busca garantizar el nombramiento de los jueces conforme concurso y oposición.
La asociación de jueces inició desde hace tres semanas una serie de paros escalonados en todo el país, exigiendo al máximo tribunal la aprobación de la normativa de esa ley, y el aumento de mayores salarios para enfrentar la carestía de la vida.
