Diputados de la oposición que integran el Bloque contra la Dictadura consideran que el presidente Daniel Ortega pretende controlar cada centavo de la cooperación internacional que recibe Nicaragua y lograr que el país dependa absolutamente de la cooperación de su homólogo venezolano Hugo Chávez, de la cual no da cuenta.
Los legisladores basan su preocupación en una denuncia publicada ayer por el Diario LA PRENSA, en la cual se revela que a través de un decreto presidencial el mandatario sandinista reformó la integración de la junta directiva de la Agencia de Desarrollo Local (Adel) —creada en Jinotega en 1995 con fondos de la cooperación italiana— para aumentar de tres a siete el número de los representantes gubernamentales en la entidad que a octubre del año pasado contaba con más de 1.1 millones de dólares en activos fijos y circulante.
El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernabilidad y Derechos Humanos de la Asamblea, Enrique Quiñónez, manifestó que “no es de extrañar la actitud autoritaria del Presidente, que en el pasado ya confiscó y ahora se vale de la ley y los decretos para volver a hacerlo”.
Sin embargo, sugirió a los miembros de Adel que denuncien el caso ante la Asamblea para solicitar un estudio del caso.
PELIGRA COOPERACIÓN
Quiñónez valoró que “Ortega hace lo que se le ronca y eso ahuyenta la cooperación e inversión extranjera”.
Con él coincidió la presidenta de la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), María Eugenia Sequeira, quien exhortó a que se respete el mecanismo autónomo de la agencia.
“Ortega quiere absorber todos los mecanismos (de cooperación) y quiere que dependamos de Venezuela, que sólo nos traerá más pobreza, conflictos bélicos y un sistema dictatorial”, reclamó Sequeira, quien juzgó nuevamente el secretismo con la cooperación venezolana y cuestionó el costo de esa cooperación para el país.
LA PRENSA publicó el domingo que Adel había sido prácticamente confiscada por medio de un decreto presidencial, que colocaba dentro de la junta directiva a cuatro representantes de la sociedad civil por debajo de siete delegados del Gobierno, más el Alcalde sandinista de Jinotega.
“Eso que Adel es una empresa estatal, es puro decir de algunas personas, pues el mismo gobierno de doña Violeta (Barrios) creó las Adel en el país mediante decreto y bajo una figura especial, eso no quiere decir que son empresas privadas, a menos que sea una ONG debidamente inscrita”, se disculpó Luis Gómez, delegado del Gobierno en Jinotega, en una entrevista.
