La iglesia católica ha expresado preocupación por el retraso en los desembolsos de la subvención del Ministerio de Educación a las escuelas católicas subvencionadas; igual que otras instituciones que también reciben subvención para sus escuelas. El señor Ministro de Educación reaccionó poniendo en duda la continuidad de la subvención y cuestionando el buen uso de la misma.
Los artículos 58 y 119 de la Constitución establecen que la educación es una obligación del Estado. Evidentemente, el Estado no tiene la capacidad de cumplir con esta obligación y necesita de los centros privados para que no se queden sin educación millares de niños y jóvenes.
Los centros subvencionados en su inmensa mayoría son escuelas privadas donde no se cobran aranceles o se cobran aranceles muy bajos. Estos centros —mayoritariamente escuelas católicas, algunas evangélicas y unas pocas de otras organizaciones— cumplen una función que el Estado no tiene capacidad de cumplir más allá de la subvención que da; la cual, si se utilizara sin el complemento que los dueños de los centros aportan, no cubriría la existencia ni de un diez por ciento de esas escuelas y quedarían sin ellas millares de estudiantes que el Estado no puede atender.
Como un ejemplo para entender mejor el caso, veamos lo que sucede con la parroquia católica de San Antonio de Monte Tabor, que cubre extensas comarcas a lo largo de la Carretera Sur. Los padres franciscanos capuchinos tienen un colegio de primaria y secundaria que no recibe subvención alguna, y cuatro escuelas de primaria subvencionadas donde se educan unos mil muchachos. El costo de la planilla mensual de las cuatro escuelas es de 132 mil córdobas y la subvención es de 80 mil. La diferencia de 52 mil no es cubierta con los veinte córdobas de arancel mensual aunque se pagara cumplidamente, pero que no pagan el total de alumnos, pues unos pagan un mes y dejan de pagar dos según pueden, con gran flexibilidad de los sacerdotes. Además, la subvención no cubre el décimo tercer mes, ni la luz, ni el agua, ni la limpieza, ni el mantenimiento; ni aporta nada el Estado en cuanto a edificios y otras instalaciones que son de la parroquia.
El esfuerzo de los franciscanos capuchinos y la colaboración de los fieles de la parroquia, complementan el dinero que falta y hacen posible que unos mil muchachos de esas comarcas reciban educación —una buena educación con valores cristianos—. Además, en el dispensario médico y dental de la parroquia, los estudiantes reciben atención y medicamentos sin costo alguno (los adultos pagan 10 córdobas simbólicos, cuando pueden).
No es lógico que tan siquiera se considere la suspensión de la subvención, ni que se ponga en duda la credibilidad de la Iglesia católica que ocupa el primer lugar entre las instituciones con mayor credibilidad. Tampoco es buena idea, como han dicho, que se pretenda pagar directamente a los maestros por el Ministerio de Educación, pues restaría autoridad a los sacerdotes que exigen esfuerzo y disciplina a los maestros. La tendencia es obedecer al que paga, y esa medida perjudicaría el buen funcionamiento de las escuelas, desnaturalizándolas.
Este tema debe verse por parte del señor ministro en forma inteligente, sensata y sin prejuicios. Confiemos en que se actúe con sabiduría en esta modalidad donde el esfuerzo privado y el aporte del Estado se complementan para beneficiar al pueblo. Algo que es ejemplar y debería más bien estimularse.
