Las organizaciones radicales usualmente consideran a la violencia como una faceta esencial de su práctica política: no hay fronteras éticas entre la violencia y el ejercicio cívico legítimo. Sólo existe una especialización funcional para conquistar el poder: el diálogo se transforma en trampa dilatoria o en manipulación para la guerra, y deja de ser un instrumento para la paz genuina. La cosmovisión radical incluye a la violencia como elemento clave de su estrategia e integra así la política de la violencia con la violencia política para justificar cualquier acción inhumana, incluido el terrorismo.
Hay quienes piden una “salida política” a las demandas de tales grupos violentos, pero esas propuestas con frecuencia son simplistas, políticamente polarizadas, e implican básicamente la abdicación del derecho del Estado democrático a usar legítimamente la fuerza militar, la cual es un componente fundamental dentro de una respuesta integral, político-militar y social, contra grupos político-militares delictivos. Esta abdicación es la esencia de las propuestas de ciertos grupos que “exigen la solución humanitaria” al caso planteado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La idea de tales grupos “humanitarios” es que el Estado colombiano, democrático y legítimo, negocie con las FARC en condiciones de simetría política, legal y ética, que cese de defenderse militarmente, que sólo ceda y hable mientras la narcoguerrilla ni depone sus armas, ni cesa sus cada vez más inefectivas agresiones. Además, para los mencionados grupos “humanitarios” es irrelevante el hecho de que las FARC continúan rechazando las reiteradas invitaciones del Estado a reinsertarse pacíficamente en la sociedad colombiana.
Los proponentes de la rendición de la legalidad y la legitimidad desestiman el hecho de que por sus acciones las FARC son catalogadas como organización terrorista por los gobiernos más serios del mundo, incluidos los de la Unión Europea. Cabe recordar que las FARC, desde sus orígenes remotos (la “Operación Marquetalia” del 24 de mayo de 1964) y desde su fundación oficial en 1982 dentro de la “séptima conferencia guerrillera” hasta hoy día, optaron por la violencia como parte esencial e inseparable de su acción política. Desde entonces han perpetrado hechos inenarrables contra civiles inocentes y contra legítimos servidores del Estado colombiano. Una de las acciones recientes (2007) más notorias de la guerrilla mencionada fue el asesinato de once diputados previamente secuestrados.
Con todo lo dicho y tras 44 años de violencia, las FARC están hoy más lejos que nunca de una victoria. La presión político-militar del Estado colombiano y una concomitante labor social han minado a la narcoguerrilla. Se multiplican sus derrotas militares y proliferan las deserciones. Quizás será imposible exterminar ciento por ciento al “narco-revolucionarismo”, pero es muy posible que el Estado y la sociedad colombianas continúen reduciéndolo hasta lograr su casi total inefectividad. Ante esta situación, las FARC han buscado oxígeno político con penosos espectáculos o “shows” “humanitarios”, como el de la liberación de tres rehenes (cuando terminaron liberando a dos mientras retienen a más de 740), con la participación estelar del presidente Hugo Chávez y de la senadora izquierdista colombiana Piedad Córdoba.
Debilitadas, las FARC usan la angustia de los familiares de ciertos secuestrados como Ingrid Betancourt para que aquellos presionen al Estado democrático (y no a los terroristas que secuestraron a sus parientes). De esta forma han llegado a exigir concesiones que debilitarían la legitimidad del Estado y a la larga amenazarían el futuro de más de 44 millones de colombianos. Comprensiblemente, ni el Gobierno ni el pueblo colombianos están dispuestos a ceder ante tales demandas. Vale señalar que las FARC son reos de delitos de lesa humanidad, entre ellos el de secuestro, un cruel y gravísimo crimen que viola (entre otras normas) la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, de 1979.
Dadas estas realidades, apadrinar a las FARC y desconocer su carácter narcoterrorista desnuda la bancarrota moral del izquierdismo populista latinoamericano y la forma en que comparten sus antivalores con las FARC. En el caso particular del presidente Chávez, su defensa de la citada organización, sus injustificados ataques contra Colombia, su manipulación del tema de los rehenes y su laxitud en la lucha antidrogas indican que ha dado los primeros pasos en el camino hacia el rechazo, la condena y eventualmente hasta las sanciones de la comunidad internacional. En contraste, el presidente Uribe concluyó una exitosa gira por la Unión Europea (UE) a finales de enero del 2008. La UE reiteró la clasificación de las FARC como organización terrorista, mientras en Colombia la aceptación de Uribe subía al 80 por ciento.
En conclusión, enfrentar a las FARC con una estrategia integral político-social y militar parece ser la única vía efectiva para el pueblo y Estado colombianos. Ante tales hechos, es importante apoyar un movimiento de condena mundial a las FARC y a su destructora concepción del quehacer político en el seno de un sistema democrático.
