El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos del parlamento, José Pallais, dijo ayer que el presidente Daniel Ortega tiene que dar a conocer todos los gastos y donaciones que recibe, debido a que esos datos no son considerados como “reservados” en la vigente Ley de Acceso a la Información Pública.
Pallais, diputado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), añadió que la Ley de Administración Financiera y de Régimen Presupuestario también obliga al mandatario a incluir en el presupuesto cada centavo que utiliza, provenga de los impuestos de los nicaragüenses o de donaciones de países y organizaciones amigas.
“La Ley de Acceso a la Información no considera los gastos presidenciales como información reservada, y la Ley de Administración Financiera y de Régimen Presupuestario ordena presupuestar los gastos presidenciales”, manifestó Pallais.
En el país ha causado controversia el alquiler de aviones privados utilizados por Ortega para sus giras al exterior.
Además, está en el debate público la cooperación proveniente de Venezuela, estimada en 300 millones de dólares, pero que no entran el presupuesto.
ZELAYA EN PROBLEMAS
A inicios de esta semana, Ortega dijo que los aviones han sido facilitados por Honduras, Cuba, Panamá, Venezuela, Libia y otras naciones.
El Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, rechazó que su gobierno haya financiado viajes a Ortega. Aún así, Zelaya será objeto de una investigación en Honduras.
“Eso pone en evidencia una vez más que Ortega lo que le dice al pueblo son mentiras, porque él había inmiscuido a su homólogo hondureño como que le había financiado algunos viajes y ahora he visto que dice Manuel Zelaya que él no le ha financiado viajes a Ortega”, criticó el jefe de bancada por el PLC, Maximino Rodríguez.
FSLN RECHAZA PESQUISA
En el caso de Nicaragua, los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Gobierno, rechazan una investigación a los gastos presidenciales.
La presidenta de la Comisión de Probidad, Miriam Argüello, destacó el jueves que el artículo nueve, literal b de la Ley de Probidad, exime a Ortega de revelar el origen de las donaciones para sus giras al exterior.
Argüello explicó que el mandatario está eximido de informar cuando “los gastos de viajes y estadías (sean) recibidos de gobiernos, organismos internacionales, instituciones académicas o entidades sin fines de lucro para la participación de eventos, conferencias, actividades académicas culturales, siempre que ello no resultara incompatible con la función del cargo o prohibido por normas especiales”.
LA NORMA ESPECIAL
Pallais argumentó que en este caso “la norma especial” es la Ley de Administración Financiera y de Régimen Presupuestario.
“La Ley de Régimen Presupuestario obliga al Presidente de la República a que todas las donaciones, de cualquier tipo, deben ser incorporadas en el presupuesto y con la identificación de los montos, el donante, el destino y que todos estos gastos y ejecución de esas donaciones tienen que estar registradas en la contabilidad gubernamental y sujetas al control y supervisión de la Contraloría General de la República (CGR)”, precisó Pallais.
René Núñez, presidente del parlamento, sostuvo que la CGR es el órgano que debe investigar la polémica.
Hasta ahora los representantes de la CGR se han limitado a decir que investigarán si los viajes al exterior del mandatario Ortega provienen o no del presupuesto.
La jefa de la bancada Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador (ALN-PC), María Eugenia Sequeira, coincidió con Pallais al decir que Ortega no tiene excusas para no brindar la información de los gastos presidenciales, ni la CGR para negarse a una investigación a fondo.
“Él (Ortega) no debe tener excepciones, él debería de declarar dentro del presupuesto nacional, no por la Ley de Probidad, sino incluir en el presupuesto nacional estas donaciones, porque no lo invitan a título personal”, indicó Sequeira.
“El presupuesto nacional debe contemplar todo y él (Ortega) debe presupuestar lo que significan todos esos viajes como ingresos donados al país”, añadió la legisladora.
Por su parte, el jefe de bancada del PLC, Maximino Rodríguez, externó ayer que tanto silencio con los gastos presidenciales podrían provocar conclusiones muy peligrosas.
“El partido y la bancada van a tomar mucho más interés en este tema, porque no sabemos de dónde vienen esos recursos. Podrían venir del crimen organizado, de la narcoactividad, de la corrupción, porque aparentemente (Hugo) Chávez pretende tener algunos testaferros en Latinoamérica, a fin de seguir saqueando el erario de Venezuela, y Nicaragua no se puede prestar a ese tipo de cosas”, dijo Rodríguez.
El PLC y ALN-PC solicitarán en la próxima reunión de junta directiva de la Asamblea Nacional la conformación de una comisión especial que investigue los gastos presidenciales. El FSLN se opone.
“Nicaragua no se puede convertir en un país donde haya lavado de dinero, que es lo que podríamos considerar si es que Ortega no dice lo contrario, de acuerdo a la declaración del Presidente de Honduras”, comentó Rodríguez.
